La controversia en torno a los millonarios traspasos de fondos públicos a fundaciones privadas en la Región del Biobío ha escalado, con Consejeros Regionales del Partido Republicano solicitando formalmente la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para recuperar cerca de mil millones de pesos entregados a la Fundación ProCultura. Los fondos, destinados a un convenio de «Competitividad de oferta turística y creativa: puesta en valor de la identidad cultural del Biobío», están bajo la lupa por irregularidades en su ejecución y rendición.
El convenio, firmado en 2022, fue resuelto anticipadamente en noviembre de 2023 debido a la baja ejecución de los recursos y la falta de transparencia de ProCultura respecto a otros proyectos financiados con fondos públicos. Ahora, la investigación sobre las anomalías en su implementación y justificación de gastos ha impulsado a los Consejeros Regionales a pedir la acción del CDE.
El oficio, suscrito por los Consejeros Regionales Luis Santibáñez, Cristian Arellano, Américo Mondaca, y el abogado y ex Consejero James Argo, invoca explícitamente el Artículo 3º de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado. Este apartado faculta al CDE para ejercer acciones penales y civiles en defensa del patrimonio fiscal cuando se presuman delitos que hayan causado un detrimento económico al Estado.
«Estimamos necesario que el Consejo ejerza, dentro de sus facultades, las acciones penales y civiles que correspondan, a fin de establecer eventuales responsabilidades y procurar la restitución de los referidos fondos al patrimonio público», señala el documento, reflejando la determinación de los firmantes.
Luis Santibáñez, Consejero Regional y presidente de la comisión de presupuesto, enfatizó la urgencia de recuperar estos dineros. «Hemos solicitado al Presidente Nacional del Consejo de Defensa del Estado y al Fiscal Regional del Biobío de la misma institución, en conjunto con el abogado James Argo y el Consejero Regional Cristian Arellano, que se hagan parte en la acción penal que busca la recuperación de los mil millones de pesos que ProCultura le adeuda actualmente al Consejo y al Gobierno Regional del Biobío», declaró. Añadió que la restitución es crucial para «continuar con el plan de inversión en iniciativas reales y tangibles y devolver la dignidad a una institución que se ha visto fuertemente cuestionada por el caso convenios y fundaciones».
Desde la Comisión de Seguridad Pública del Consejo Regional, su presidente, Américo Mondaca, subrayó la vital necesidad de estos recursos para áreas prioritarias. «Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, necesitamos tantos recursos para lo que es prioridad hoy día, que es la seguridad: para comprar vehículos, para equipamiento para nuestras policías. Es fundamental que recuperemos el dinero que la anterior administración del gobierno regional entregó a ProCultura», manifestó Mondaca, insistiendo en que la intervención del CDE es clave para asegurar que los fondos «sean bien utilizados para las necesidades de nuestra comunidad».
El abogado y ex Consejero James Argo, también firmante del oficio, respaldó enérgicamente la solicitud: «Son mil millones de pesos los que faltan por el caso ProCultura en el gobierno regional. Hemos solicitado que el Consejo de Defensa del Estado ejerza todas las acciones legales en resguardo al patrimonio fiscal, porque con la plata del chileno no se juega».
Este caso se enmarca en la serie de investigaciones conocidas como el “Caso Convenios”, donde diversos gobiernos regionales habrían realizado traspasos millonarios a fundaciones privadas sin la debida fiscalización. Los Consejeros Republicanos recalcan que la restitución de estos fondos es vital para recuperar la confianza ciudadana y reorientar los recursos hacia prioridades urgentes como la seguridad, la infraestructura y un desarrollo productivo genuino en la región.
SOJ
