A las 8:00 horas de este martes, el Presidente Gabriel Boric recibió formalmente el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, instancia asesora que agotó su plazo el 30 de abril en la búsqueda de acuerdos cruciales para construir una solución duradera al complejo conflicto indígena en la Macrozona Sur. La culminación de este trabajo, sin embargo, no estuvo exenta de controversia, ya que la unanimidad autoimpuesta no se concretó debido al voto disidente del presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, quien votó seis puntos a favor y dieciséis en contra de la propuesta final.
La entrega del informe final se realiza en el salón Montt Varas y estarán presentes Manuel José Ossandón, presidente de la Cámara del Senado y el también presidente de la Cámara de Diputados, José Manuel Castro.
Si bien la Corma valoró el «esfuerzo» de la Comisión, también expresó su preocupación por la falta de consenso total. Naveillán argumentó que la votación se extendió pasada la medianoche –finalizando a las 2:30 de la madrugada–, excediendo el plazo formal para la entrega del informe. No obstante, también señaló otros temas que generaron, en sus palabras, un «ambiente de tensión». Estos puntos, según las señales emitidas por diversos comisionados en las últimas semanas, se relacionan principalmente con la reparación territorial, incluyendo la extensión de tierras a restituir, la cantidad de comunidades beneficiadas y la reparación a las víctimas de la violencia. «No hay que ser muy agudo para darse cuenta que el tema principal en el que cuesta ponerse de acuerdo es el tema de las tierras», reconoció el comisionado y ex alcalde de Tirúa, Alfonso Millabur, quien fue el primer jefe comunal mapuche en Chile.
Comunidades beneficiadas: Un catastro clave
Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la identificación de las comunidades que recibirían reparación territorial. Según el copresidente de la Comisión para la Paz y ex ministro, Alfredo Moreno, uno de los principales logros de la instancia fue la elaboración de un catastro que permitió determinar la cantidad de comunidades con aplicabilidad para este objetivo. «Hoy hay un poco más de 700 comunidades que tienen aplicabilidad. Es decir, un documento del Estado que les dijo que tenían derecho a tener tierra. Y además, tenemos casi 1.300 comunidades que están postulando a obtener ese documento», explicó Moreno, añadiendo con base en la experiencia que «la inmensa mayoría lo va a recibir».
Hectáreas a restituir: Una cifra en el centro del debate
Hasta el momento, se ha filtrado que el informe propondría la entrega de 240 mil hectáreas de tierra como reparación territorial. Sebastián Naveillán, integrante de la comisión, señaló que de ese total «se afirma que 100 mil hectáreas provendrían de terrenos fiscales», aunque criticó la falta de «ningún documento técnico ni registro oficial que lo respalde». Asimismo, alertó sobre la «alta probabilidad de que esas tierras estén ubicadas en parques nacionales, zonas limítrofes con Argentina o sectores estratégicos», lo que a su juicio «representa un riesgo geopolítico».
En contraste, Alfredo Moreno señaló que, considerando las 700 comunidades con aplicabilidad y las 1.300 postulantes, «tenemos del orden de 400.000 hectáreas que están comprometidas y 3.500 millones de dólares comprometidos», aclarando que esta cifra no es la propuesta de la comisión, sino que «surge de los compromisos que el Estado ya tiene». Moreno advirtió que estos números podrían aumentar significativamente con el tiempo debido al ingreso constante de nuevas comunidades y al reajuste periódico del número de familias por comunidad que permite la ley.
Mecanismo de restitución: Un nuevo enfoque propuesto
En cuanto al mecanismo de restitución de tierras, Alfredo Moreno explicó que la comisión propone «un término del sistema de reparaciones actual». Las comunidades que actualmente están fuera del proceso ingresarían a uno nuevo con un monto previamente definido. «Hoy, solo pueden recibir tierra. Ahora lo que se propone es que esto se amplíe a otras cosas, como, por ejemplo, viviendas; obtener menos hectáreas, pero con campos más productivos, con mayor infraestructura, sistemas de riego, financiamiento de la educación de los hijos y así. Y si transcurren seis años y no encuentran una reparación que les parezca adecuada, reciben una compensación económica». Este nuevo enfoque, según Moreno, podría reducir la presión sobre la restitución de las 400.000 hectáreas pendientes. Las comunidades que deseen ingresar al nuevo proceso, si cumplen con los criterios, formarían parte de un fondo fijo equivalente al 15% de los recursos del nuevo sistema, el cual se dividiría según el número de postulantes. Moreno también destacó la propuesta de innovar en la propiedad de las tierras, permitiendo la propiedad privada, a diferencia del sistema actual que obliga a la tenencia colectiva con restricciones comerciales y de arrendamiento.
Reparación a víctimas de violencia: Un reconocimiento necesario
Otro aspecto crucial del informe es la reparación a las víctimas de la violencia en la Macrozona Sur. La comisión propondrá un proyecto de ley de reparación que incluiría reconocimiento, homenaje, indemnizaciones y asistencia en salud. La senadora Carmen Gloria Aravena, quien renunció a su militancia en Republicanos para firmar el acuerdo, señaló que este capítulo menciona «expresamente» la palabra «terrorismo». Alfredo Moreno defendió el informe de las críticas opositoras que cuestionaban la falta de abordaje de los atentados terroristas. «Nuestra tarea no está en el ámbito de la seguridad, yo estoy en contra del terrorismo que existe en esa zona con grupos armados extremadamente violentos. Como condición que puse para participar fue que se incluyera a las víctimas y se crea un sistema de reparación por primera vez. Hablamos con víctimas, gente que vivió situaciones terribles y aunque no podrán recuperar a sus seres queridos o su casa, por lo menos podrán sentir que alguien los acompaña y que sí importa al resto de los chilenos».
La entrega del informe al Presidente Boric marca un momento trascendental en la búsqueda de una solución al conflicto en la Macrozona Sur. Sin embargo, la falta de unanimidad en la comisión y las tensiones en torno a la reparación territorial anticipan un debate complejo y desafiante en el camino hacia la paz y el entendimiento.
SOJ
