El gerente general de Camanchaca S.A., Ricardo García, elevó un enérgico llamado de atención sobre las potenciales consecuencias del proyecto de ley que busca reformar el fraccionamiento de la pesca industrial en Chile. Durante su intervención ante la junta de accionistas de la compañía, García manifestó la profunda preocupación de la firma, señalando que la aprobación de esta iniciativa legislativa en su forma actual «afectará gravemente los derechos adquiridos por nuestra compañía y por toda la industria, al alterar el régimen de licencias vigente, sin siquiera establecer una legítima compensación».
García fue categórico al afirmar que «la ley impondría cargas económicas desproporcionadas e injustas, atentando contra principios constitucionales como el derecho de propiedad y la confianza legítima en la estabilidad del marco regulatorio». En respuesta a la inquietud de los accionistas sobre las acciones que Camanchaca tomará frente a este proyecto de ley, la compañía anunció la conformación de un equipo interdisciplinario liderado por el reconocido abogado Jorge Bofill, del estudio Bofill, Escobar, Silva Abogados. Este equipo tendrá la misión de analizar los diversos escenarios derivados de la reforma legal y definir las estrategias necesarias para salvaguardar los intereses de la empresa ante lo que consideran un actuar del Estado «al margen de la Constitución».
«Lo que está ocurriendo con la discusión de esta ley nos obliga a tomar decisiones concretas que resguarden el porvenir de nuestra empresa. Por ello, de aprobarse la ley en los términos conocidos, demandaremos al Estado porque tenemos el deber fiduciario de defender los derechos de quienes han confiado en Camanchaca y en la certeza jurídica que debe regir toda actividad empresarial», enfatizó García. El gerente general también argumentó que «la decisión de acudir a la justicia también se debe a que la nueva ley no solo es una amenaza para sus accionistas directos, sino que también para los millones de trabajadores chilenos que, a través de sus fondos de pensiones, son accionistas indirectos de la compañía», mencionando a AFP Habitat y AFP Cuprum entre los principales accionistas de Camanchaca.
Adicionalmente, García advirtió que «el proyecto de ley pone en riesgo la estabilidad laboral de nuestros trabajadores, el sustento de nuestros proveedores y la continuidad de nuestras inversiones». En un punto particularmente crítico, el gerente general de Camanchaca sostuvo que este proyecto de ley «busca otorgar un beneficio a terceros que no necesariamente representan al pescador artesanal que la ciudadanía esperaría proteger, sino a propietarios de embarcaciones de gran escala y alto valor económico».
El proyecto de fraccionamiento pesquero, considerado un elemento central de la nueva ley de Pesca que actualmente se tramita en el Congreso, se encuentra en una etapa decisiva para convertirse en ley. Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó la mayoría de las modificaciones introducidas por el Senado, y algunos puntos específicos serán resueltos en una comisión mixta.
Resultados 2024 de Camanchaca: Sólido Desempeño Operacional y Financiero
En otros aspectos abordados durante la junta ordinaria de accionistas, Camanchaca presentó sus resultados correspondientes al periodo 2024, los cuales reflejan una mejora significativa en su desempeño operacional y financiero. La compañía reportó ventas por un total de US$813 millones, una utilidad neta de US$21,9 millones y un EBITDA de US$106 millones. Este positivo rendimiento fue impulsado principalmente por un mejor escenario sanitario y operacional en su división de salmones, que experimentó un aumento del 27% en sus volúmenes de venta. En el ámbito de la pesca, se consolidó la producción de jurel congelado con un crecimiento del 35%, y la compañía completó la reorganización de su filial del sur con la adquisición del 30% restante de Camanchaca Pesca Sur. A pesar de estos resultados, Camanchaca señaló que sus inversiones estratégicas, enfocadas en eficiencia y cumplimiento normativo, se han visto reducidas debido al complejo ambiente regulatorio chileno.
SOJ
