La Multigremial de La Araucanía ha puesto sobre la mesa un debate de alcance nacional, al denunciar que existen 12.700 hectáreas en la Macrozona Sur donde el Estado carece de acceso efectivo, a pesar de los 1.066 días de Estado de Excepción bajo la actual administración. Esta afirmación ha generado una fuerte discrepancia con la Delegación Presidencial, lo que ha llevado a la convocatoria de una reunión para contrastar información y definir estrategias de acción.
El informe de la Multigremial, correspondiente a marzo, reconoce una disminución en los actos de violencia en comparación con los últimos cinco años. Sin embargo, señala que en localidades como Temucuicui (Ercilla), Pidenco (Lumaco), Tirúa-Tranapuente (Carahue), Traiguén, Lumaco y Lautaro, existen áreas donde «el Estado chileno no puede entrar».
Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial, explicó que, si bien se han logrado avances en seguridad, persisten zonas en La Araucanía donde el control territorial del Estado es deficiente. «Y todavía en esos territorios operan grupos que impiden la acción efectiva de los organismos del Estado, tal como ocurrió en el intento de exhumación de los restos de don Pablo Marchant», detalló Santibáñez.
El dirigente destacó que el Estado de Excepción ha sido más efectivo en Arauco, donde los niveles de violencia son menores. En La Araucanía, la rotación del personal a cargo de la medida podría estar influyendo en los resultados.
Eduardo Abdala, delegado presidencial de La Araucanía, discrepó con las cifras de la Multigremial, aunque reconoció la necesidad de un trabajo conjunto. «Quiero señalar que no estamos de acuerdo con la Multigremial respecto de que hay zonas en la región en las cuales no se puede acceder. No obstante, y atendiendo a su preocupación, hemos concordado la necesidad de poner en común no solo la visión, sino los antecedentes que tiene la Multigremial y los antecedentes con los que cuenta el Gobierno», afirmó Abdala.
La próxima semana, ambas partes se reunirán para analizar la información disponible y tomar decisiones conjuntas, considerando tanto los aspectos de seguridad como la persecución penal por parte del Ministerio Público.
En relación con la frustrada exhumación del cuerpo de Pablo Marchant, miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Abdala explicó que la decisión se tomó por razones de seguridad. «Fue una decisión conjunta asumida por el riesgo que implicaba entonces la tarea», señaló. No obstante, enfatizó que «en estos años hemos avanzado en materia de seguridad como nunca antes en la historia».
SOJ
