En una sesión legislativa marcada por la tensión y el caos, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández, por la fallida compraventa de la casa del ex Presidente Salvador Allende. La votación, que arrojó 64 votos a favor y 70 en contra, selló el destino de una ofensiva opositora que se desmoronó en medio de acusaciones cruzadas y un clima de polarización.
La sesión, presidida por el diputado independiente Gaspar Rivas, estuvo lejos de ser un ejercicio de debate sereno. Desde el inicio, la conducción de Rivas fue cuestionada, y el hemiciclo se convirtió en un campo de batalla donde los bloques políticos se lanzaron dardos envenenados. Las sanciones a parlamentarios por alterar el orden fueron una constante, reflejando la crispación del ambiente.
El diputado republicano Luis Sánchez, encargado de presentar los argumentos de la acusación, no escatimó en palabras duras. Acusó a la familia Allende de «una vergonzosa operación a costa del erario público» y lanzó una andanada de reproches políticos, reviviendo viejos fantasmas del pasado.
La defensa de Maya Fernández, a cargo de la abogada Claudia Sarmiento, se centró en desestimar los argumentos de la acusación. Argumentó que no se materializó ningún contrato y que solo hubo actos preparatorios. Además, defendió la decisión de adquirir la vivienda como un acto de conservación de la memoria histórica.
El diputado socialista Jaime Naranjo, presidente de la comisión revisora, lanzó una andanada contra la oposición, acusándola de «abandonar» la acusación y de buscar «hacer daño político». La última intervención de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, respaldando la versión de la defensa, fue un golpe para la oposición.
La presencia de un nutrido grupo de ministros en el hemiciclo, liderados por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, generó controversia. El Partido Republicano cuestionó la presencia de los secretarios de Estado, acusándolos de participar en un acto político.
SOJ
