La Fiscalía de Chillán ha llevado a cabo la formalización de Richard Vicente Guzmán Fernández, exadministrador de la Municipalidad de Chillán, por tres delitos de negociación incompatible. La decisión judicial ha resultado en la imposición de la medida cautelar de prohibición de salida del país para el imputado.
El fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, detalló que la investigación se centra en acciones realizadas por Guzmán Fernández durante su ejercicio en el cargo, el cual mantuvo hasta diciembre de 2024. Según la fiscalía, en 2017, Guzmán Fernández estableció una empresa junto a un socio, la cual permaneció activa hasta 2024. A partir de 2021, el exadministrador habría favorecido a su socio en tres ocasiones, contraviniendo su deber de inhabilitarse debido al conflicto de intereses.
«El ministerio público formalizó la investigación ante el tribunal de garantía de Chillán , respecto del ex administrador municipal (de la comuna), Richard Guzmán Fernández, por tres delitos de negociación incompatible, en los que habría incurrido, mientras ejerció el cargo. El 2021 solicitó que se incorporara como profesional a contrata -en su propia repartición- un socio con el cual había formado una sociedad en el año 2017, luego solicitó la renovación de su contrato y finalmente solicitó que éste fuera ascendido en la escala de remuneraciones de grado 9 a 8. El tribunal, acogiendo los argumentos, de la fiscalía decretó un arraigo nacional para el imputado, fijando un plazo de investigación de 4 meses», sostuvo el jefe de la PDI.
Las acciones específicas imputadas a Guzmán Fernández incluyen:
- El 29 de junio de 2021, solicitó la incorporación de su socio como profesional a contrata en la administración municipal.
- El 23 de septiembre de 2021, solicitó la renovación del contrato de su socio hasta el 31 de diciembre del mismo año.
- El 30 de diciembre de 2021, solicitó nuevamente la renovación del contrato, además de su ascenso de grado en la escala de remuneraciones.
El fiscal Sergio Pérez subrayó que «el imputado debió inhabilitarse de intervenir en la contratación de su socio, manifestando la implicancia que lo afectaba a su superior jerárquico, cosa que no hizo, vulnerando lo prevenido en el artículo 62, número 6, de la Ley 18.575 y el artículo 12° de la Ley 19.880».
La investigación se realiza en colaboración con la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.
SOJ
