La propuesta de trasladar a 285 reos, en su mayoría desde cárceles de Santiago, al Complejo Penitenciario de Concepción generó un fuerte rechazo por parte de las autoridades regionales, parlamentarios, alcaldes y el gobernador Sergio Giacaman. La medida, calificada como autoritaria, abusiva, inconsulta y centralista, fue vista como una imposición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, generando tensión, impotencia, inseguridad y preocupación entre la comunidad local y el personal penitenciario.
El gobernador Giacaman expresó en un momento que la medida era «una pésima noticia para la región» y cuestionando la falta de consulta a la Asociación de Funcionarios del penal. Además, enfatizó que Concepción «no es la capital de los reos de Chile», rechazando la idea de que la región sea utilizada como depósito de reclusos de alta peligrosidad.
Ante la presión y el rechazo unánime de las autoridades y funcionarios locales, el gobierno central dio marcha atrás.
En paralelo, la Asociación de Funcionarios Penitenciarios Provincial Concepción se declaró en estado de alerta, exigiendo un aumento en la dotación de gendarmes para garantizar la seguridad ante la posible llegada de los reclusos. Su presidente, Marcelo Alarcón, subrayó la necesidad de priorizar a Concepción en la distribución de personal penitenciario, dada la complejidad de los delitos cometidos por los reos que se pretendían trasladar.
La tensión escaló rápidamente, con críticas a la falta de información y consulta por parte del gobierno central. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), sargento segundo Esteban Yáñez, advirtió sobre las precarias condiciones de trabajo y seguridad del personal penitenciario, y el peligro que representaría la llegada de reclusos de mediana y alta complejidad.
Ante la presión y el rechazo unánime de las autoridades y funcionarios locales, el gobierno central dio marcha atrás. Tras una reunión entre el ministro (s) de Justicia, Ernesto Muñoz, el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, más el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, se anunció la suspensión definitiva del traslado de los reos.
Esta decisión fue celebrada por las autoridades regionales y los funcionarios penitenciarios, quienes destacaron la importancia de escuchar a las comunidades locales y garantizar la seguridad en los recintos penitenciarios. La situación evidencia la necesidad de un diálogo más fluido entre el gobierno central y las regiones, especialmente en temas sensibles como la seguridad pública y el sistema penitenciario.
SOJ
