El abogado Hugo Gutiérrez Galvez, asesor legal de la Fundación Hind Rajab, denunció ante el Ministerio Público al militar israelí Saar Hirshoren, por crímenes cometidos en contra de palestinos por parte de Israel. Según el medio La Tercera, la organización ubicó en el sur de Chile al integrante del Batallón de Ingeniería de Combate de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI). El uniformado extranjero fue localizado en la Región de Aysén. En la denuncia se manifiesta que Saar Hirshoren estaría directamente relacionado con la comisión de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, por lo que –de acuerdo a la normativa suscrita por Chile– «correspondería que fuese juzgado y sancionado por dichos hechos por parte de las instituciones nacionales».
Además, en la acción se detalla que “Hirshoren publicó en su cuenta de Instagram un video que lo muestra junto a otros individuos en Gaza, en servicio activo, mientras cometen crímenes de guerra y contra la humanidad. Como miembro del Batallón 749 de las FDI, Hirshoren es uno de los responsables de los crímenes cometidos en Gaza. El Batallón de Ingeniería de Combate 749, conocido por su extrema crueldad, ha participado en la destrucción sistemática de infraestructuras civiles en Gaza, como demolición de edificios residenciales, lugares de interés cultural e instalaciones esenciales, acciones que violan el derecho internacional humanitario”.
También se señala que “el comandante adjunto del batallón, el teniente coronel Adi Bekore, declaró públicamente que su misión era ‘arrasar Gaza’, lo que indica una estrategia deliberada dirigida contra estructuras civiles”. En el documento también recalcan que “la aplicación del principio de justicia extraterritorial permite que los tribunales nacionales intervengan en casos donde el perpetrador de los crímenes se encuentre dentro del territorio chileno o existan vínculos jurisdiccionales que habiliten la acción penal, reafirmando la obligación del Estado de perseguir y sancionar los crímenes internacionales más atroces”. Manifiestan que “es deber de nuestro país perseguir al denunciado, iniciando un proceso penal de acuerdo a las normas nacionales, para lo cual se requiere inmediata acción del Ministerio Público para evitar la evasión al proceso por parte del denunciado, y ordenar prontas medidas de investigación y formalización de los hechos”.
