La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento se encuentra en el ojo del huracán tras la propuesta de dos de sus integrantes, Adolfo Millabur ex constituyente y ex alcalde de Tirúa, más Gloria Callupe, quienes plantearon la necesidad de entregar 385.860 hectáreas de tierras agrícolas al pueblo mapuche como parte de una solución al histórico conflicto.
Los miembros
Integran la instancia, el secretario ejecutivo Víctor Ramos Muñoz. Posee dos co-presidencias: Alfredo Moreno Charme y Francisco Huenchumilla Jaramillo, Más seis consejeros: Adolfo Millabur Ñancuil, Gloria Callupe Rain, Carmen Gloria Aravena Acuña, Nicolás Figari Vial, Emilia Nuyado Ancapichún y Sebastián Naveillán Mebus.
Esta propuesta ha generado un fuerte debate a nivel nacional, con opiniones divididas entre quienes la consideran un paso necesario hacia la justicia histórica y quienes la ven como una medida irrealizable y perjudicial para otros sectores de la población.
«Es como volver al pasado», afirmó el diputado Andrés Jouannet, haciendo referencia al rechazo de una propuesta similar en el plebiscito constitucional. «La demanda es excesiva y carente de realismo, considerando la disponibilidad de tierras y los intereses de otros actores involucrados».
Por su parte, el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, advirtió sobre la necesidad de priorizar soluciones viables. «No podemos construir castillos en el aire. La realidad territorial y económica impone límites a este tipo de demandas», señaló.
Otras voces críticas, como las de los senadores Carmen Gloria Aravena y Sebastián Naveillán, han cuestionado la falta de consenso al interior de la comisión y la necesidad de contar con un compromiso claro para modificar la Ley Indígena.
«Esta propuesta es solo una de muchas y no refleja necesariamente la posición final de la comisión», aclaró Naveillán. Sin embargo, reconoció la complejidad del tema y la diversidad de opiniones al respecto.
No obstante, las críticas más duras provienen de quienes ven en esta propuesta un intento de revivir un debate que consideraban superado. El ex intendente Luis Mayol aseguró que «hay quienes buscan sacar rédito político de este tema y mantener vivo el conflicto».
En la misma línea, el diputado Miguel Mellado señaló que la propuesta es «un déjà vu» y que la ley indígena actual facilita la proliferación de nuevas comunidades y, por ende, nuevas demandas territoriales.
La ex delegada provincial Andrea Parra, en tanto, reconoció la importancia de abordar las demandas del pueblo mapuche, pero advirtió que la restitución de tierras no es la única solución posible. «Debemos buscar mecanismos que permitan una participación efectiva de los pueblos originarios en la vida política y social del país».
Plazo
La comisión tiene hasta el 31 de enero. Es decir, 36 días, para presentar su informe final al Presidente. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si se logra alcanzar un acuerdo que satisfaga las demandas de todas las partes involucradas o si el conflicto continúa enredado en una nueva polémica.
SOJ
