Bolivia atraviesa una creciente preocupación por el aumento de la producción de cocaína, a pesar de los esfuerzos para incautar y destruir grandes cantidades de droga. Este año, el Gobierno boliviano ha prácticamente duplicado la cantidad de cocaína confiscada en comparación con 2022. Según el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, hasta principios de diciembre se destruyeron 88 laboratorios de droga, incluidos aquellos destinados a la cristalización de clorhidrato de cocaína y a la producción de droga sintética, y se incautaron más de 63 toneladas de cocaína. Estas cifras, calificadas por Del Castillo como “nunca vistas en el país”, reflejan un aumento alarmante en la actividad narcotraficante.
En total, las autoridades han confiscado 32,93 toneladas de cocaína y 372 toneladas de marihuana en lo que va del año, lo que ha representado una afectación económica al narcotráfico de 225,6 millones de dólares. Esta cifra supera con creces las incautaciones de años anteriores, como las 20,33 toneladas de cocaína de 2022 y las 19,72 toneladas de 2021. Sin embargo, a pesar de este aparente éxito en la lucha contra el narcotráfico, las cifras también son preocupantes, ya que sugieren un aumento en la circulación de cocaína en el país.
La criminóloga y exdirectora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, Gabriela Reyes, advierte que el aumento en las incautaciones no necesariamente refleja una mejora en el trabajo policial, sino que podría ser un indicativo de que la droga está circulando en mayores cantidades. “Un dato conocido a nivel internacional es que un Estado suele incautar solo alrededor del 10% de lo que circula. A mayor cantidad de cocaína incautada, mayor es la cantidad que hay en el mercado”, explica Reyes, quien también señala la falta de modernización de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) como un factor que limita la eficacia de las operaciones.
Reyes también pone de relieve los altos niveles de impunidad que benefician a las organizaciones narcotraficantes, citando casos en los que no se ha arrestado a los líderes de estos grupos. “La protección del narcotráfico por omisión, inacción o incluso protección directa del Estado es una preocupación importante”, afirma, señalando que el narcotráfico no solo busca poder económico, sino también poder político para continuar generando ingresos.
Narcotráfico en áreas protegidas y expansión de los cultivos ilegales
Bolivia es el tercer mayor productor mundial de coca después de Colombia y Perú, con cultivos legales limitados a 22.000 hectáreas en las regiones de los Yungas y el Trópico de Cochabamba. Sin embargo, las plantaciones ilegales continúan extendiéndose más allá de los límites permitidos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), en 2022 el país registró 29.900 hectáreas de coca, lo que refleja un crecimiento en los cultivos ilegales.
Un fenómeno preocupante es la circulación de pasta base de cocaína proveniente de Perú, que es refinada en Bolivia para producir clorhidrato de cocaína. Estos laboratorios, que requieren acceso a agua para su funcionamiento, se encuentran principalmente en la región amazónica y en áreas naturales protegidas, lo que facilita su camuflaje y el uso de pistas de aterrizaje clandestinas.
El Gobierno boliviano ha intensificado sus esfuerzos contra el narcotráfico, instalando una base móvil antidroga en el Parque Nacional Noel Kempff, en julio de este año. “Estamos haciendo lo que nunca se hizo en la lucha contra el narcotráfico, estamos llegando a todos los rincones del país para evitar que las estructuras criminales se asienten en nuestro territorio”, aseguró Del Castillo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, un informe de la ONUDC advierte que al menos seis áreas protegidas del país ya han sido infiltradas por el narcotráfico, lo que refleja la magnitud del desafío que enfrenta Bolivia en su lucha contra el crimen organizado.
La falta de sanciones a los responsables del narcotráfico y la expansión de los cultivos ilegales en áreas protegidas son elementos clave que siguen alimentando la preocupación sobre el futuro de la lucha contra las drogas en Bolivia. La creciente producción de cocaína y la expansión del narcotráfico podrían tener graves repercusiones para la estabilidad del país si no se toman medidas más efectivas y decisivas.
SOJ
