En una reunión tensa con la ministra del Interior, Carolina Tohá, los gobernadores regionales, Rodrigo Díaz del Biobío, denunció una grave crisis financiera que amenaza la continuidad de importantes proyectos en sus regiones.
Los gobernadores advirtieron sobre retrasos en la transferencia de fondos aprobados por la Ley de Presupuestos, lo que impide el pago a contratistas y pone en riesgo miles de empleos. Díaz, en particular, señaló que el Biobío enfrenta un déficit de más de 33 mil millones de pesos, lo que impide avanzar en la reactivación económica tras el cierre de Huachipato. El Gobernador Díaz expresó su alarma por la situación y subrayó la urgencia de resolver este problema. «Necesitamos los recursos para cumplir con los compromisos que hemos asumido en cada región y que han sido visados por la Dirección de Presupuesto. Desde julio enfrentamos meses sin transferencias de dinero o con montos insuficientes, lo que nos impide pagar a los contratistas. Esto es extremadamente grave, especialmente para regiones como Biobío, que requieren estos fondos para reactivar su economía después del cierre de Huachipato y avanzar con el Plan de Fortalecimiento Industrial. En Biobío, más de 33 mil millones de pesos aún no han sido entregados», indicó.
Díaz recordó que, tras años de esfuerzo, los gobiernos regionales lograron poner en marcha importantes proyectos de infraestructura, priorizando obras de gran envergadura. Sin embargo, la irregularidad en el flujo de recursos desde DIPRES pone en riesgo los pagos a contratistas y amenaza la estabilidad laboral de miles de trabajadores, con un impacto negativo en la reactivación económica. «No podemos cumplir con nuestros pagos porque los fondos no están siendo entregados. Este no es un error de los gobiernos regionales, sino una responsabilidad de quienes hicieron un mal cálculo en el presupuesto nacional. Es urgente que se resuelva antes de fin de año, porque si no podemos pagar ahora, las consecuencias serán catastróficas para nuestras comunidades y los proyectos en curso«.
Por su parte, el presidente de Agorechi, Rodrigo Mundaca, calificó las decisiones presupuestarias del Gobierno como arbitrarias, afectando directamente el empleo y la estabilidad laboral en las regiones. «Tuvimos una reunión intensa con la Ministra del Interior, donde manifestamos nuestra molestia por la forma en que se están tomando decisiones arbitrarias en materia de presupuesto, dejándonos sin recursos para cumplir con nuestras obligaciones. Esto afecta directamente a decenas de miles de trabajadores que ven amenazada su estabilidad laboral debido a esta situación», según Mundaca.
El encuentro también abordó discrepancias en torno al proyecto de ley para la creación del Ministerio de Seguridad Pública, al considerar que este refuerza la centralización y debilita la descentralización. «Planteamos nuestra discrepancia con este proyecto porque no ha habido coordinación con los gobernadores regionales. Creemos que esto centralizará más el poder y afectará el proceso de descentralización, ya que se refuerza la figura del delegado presidencial regional».
Finalmente, los gobernadores enfatizaron la necesidad de retomar la discusión sobre la descentralización fiscal y la creación de una división de prevención del delito y atención a víctimas dentro de los gobiernos regionales. «Somos autoridades electas democráticamente y merecemos ser tomados en cuenta en temas que afectan directamente a nuestras regiones, especialmente en materia de seguridad, en la que hemos sido actores clave en la entrega de equipamiento, infraestructura policial y recuperación de espacios públicos».
Esta tarde se llevará a cabo una reunión de trabajo con la Subsecretaría de Hacienda y DIPRES para evaluar si el Gobierno Central podrá atender las demandas de los gobernadores antes de finalizar el año presupuestario.
SOJ
