Las comunas que no han proporcionado esta información son Antuco, Cabrero, Coronel, Lebu, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Penco, Quilleco, Santa Bárbara, Tomé y Yumbel.
De los 30 municipios de la Región del Biobío que recibieron financiamiento bajo la Ley de Royalty Minero, solo 18 han cumplido con la obligación de informar sobre el uso de esos recursos. En contraste, 12 municipios aún no han reportado los gastos correspondientes a los fondos transferidos. Las comunas que no han proporcionado esta información son Antuco, Cabrero, Coronel, Lebu, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Penco, Quilleco, Santa Bárbara, Tomé y Yumbel. Estos municipios recibieron un total de $2.871 millones, pero no han transparentado cómo se han utilizado esos recursos.
El financiamiento en cuestión proviene del Fondo de Equidad Territorial (FET), que busca reducir las brechas presupuestarias entre las municipalidades. Esta información fue proporcionada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), a través de su segundo reporte de gastos presentado al Congreso Nacional.
Los únicos tres gobierno comunales de la región que no recibieron estos recursos fueron: San Pedro de la Paz, Talcahuano y Concepción.
Financiamiento y Distribución de Recursos
En abril, se efectuó una transferencia inicial de $7.348 millones a los 30 municipios beneficiados en el marco de la Ley de Royalty Minero, correspondientes al año 2024. Estos fondos son considerados aportaciones únicas y extraordinarias, destinadas a ser distribuidas entre las municipalidades beneficiarias como recursos de libre disposición. Sin embargo, se aclaró que Concepción, Talcahuano y San Pedro de la Paz no son parte de este grupo de comunas, ya que no reciben los recursos derivados de esta ley.
Estos fondos son de libre disposición para las comunas, lo que significa que cada municipio tiene la autonomía para decidir en qué utilizar los recursos, sin que estos estén predeterminados por el Congreso o el Gobierno.
Mecanismos de Transparencia y Fiscalización
Sobre el proceso de reporte, la Subdere destacó que se han fortalecido los mecanismos de transparencia. Para ello, se elaboraron instructivos que orientan a los municipios sobre cómo informar sobre el uso de los recursos, los cuales han sido utilizados en diversas áreas, como proyectos sociales y ayudas sociales.
Perales también subrayó que los principales fiscalizadores de la utilización de estos recursos son los consejos municipales, quienes deben aprobar el uso de los fondos. La subsecretaria hizo hincapié en que algunas comunas ya han destinado estos recursos a proyectos de inversión y proyectos sociales, lo cual es una de las principales finalidades de la Ley de Royalty Minero: compensar a la sociedad chilena por los efectos de la minería, distribuyendo los recursos en todo el país, no solo en las comunas mineras.
Medidas de Supervisión
La Subdere anunció que, en caso de que los municipios no informen adecuadamente sobre la ejecución de los fondos, enviará la información correspondiente a la Contraloría General de la República, tal como lo estipula un instructivo enviado a las comunas en junio de 2024.
Nivel país
A nivel nacional, 161 de los 300 municipios beneficiados por el Fondo de Equidad Territorial han reportado información sobre la ejecución de los recursos, lo que equivale al 53,7% de los beneficiarios. Este número representa un aumento de 66 municipios con respecto al primer informe.
De acuerdo con los datos entregados por los municipios, aproximadamente el 21,2% de los fondos transferidos por el FET han sido ejecutados. De esos fondos ejecutados, el 37% se ha destinado a iniciativas de inversión, el 26% a bienes y servicios de consumo, el 20% a transferencias corrientes, el 11% a adquisición de activos no financieros, el 5% en gastos de personal y el 1% en otras partidas.
La Subdere informará a Contraloría sobre aquellos municipios que no reportaron sus modificaciones presupuestarias y ejecución de gastos.
SOJ
