La Policía boliviana arrestó en las últimas horas a dos dirigentes cercanos al ex Presidente Evo Morales (2006-2019), y está tras el paradero de otros dos por los perjuicios causados en los 24 días de bloqueos de carreteras cumplidos por los seguidores del también líder oficialista en su defensa. En la víspera fueron capturados el dirigente campesino, Humberto Claros, y el líder indígena Ramiro Cucho, ambos de las organizaciones oficialistas afines a Morales. Enseguida fueron trasladados a La Paz desde la región central de Cochabamba y la andina Potosí, respectivamente.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, el general Jhonny Aguilera, dijo a los medios que ambos “han sido identificados como líderes de estas movilizaciones que desde la perspectiva del Ministerio Público y el Gobierno son delictivas”, por lo que “enfrentan sindicaciones de terrorismo, acción delictiva y daños a los bienes del Estado”. También se busca al dirigente campesino Ponciano Santos y al ex ministro de la Presidencia de Morales Juan Ramón Quintana, mientras que “no existe ninguna orden de aprehensión” contra el exmandatario, indicó. Dentro de estas investigaciones, los agentes realizaron en las últimas horas seis allanamientos en La Paz, Potosí y en la región oriental de Santa Cruz, explicó Aguilera. En el domicilio de Cucho se encontró “armamento y munición de guerra” lo que tiene que explicarse “en las siguientes horas”, dijo el viceministro.
Los dirigentes Claros y Cucho están en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en La Paz, en cuyas puertas están apostadas en vigilia desde el miércoles en la noche algunas personas afines a Evo Morales que protestan por la detención de ambos dirigentes. La situación es tensa, pues en esta jornada también llegaron al lugar grupos afines al Presidente Luis Arce que intercambian gritos e insultos con los seguidores de Morales, mientras la Policía custodia el ingreso al edificio, según constató la agencia EFE. Morales criticó en sus redes sociales estas aprehensiones y las calificó de “secuestro” y de ser ilegales y arbitrarias.
“Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional que existe un plan de escarmiento a la lucha social al estilo de las dictaduras militares, donde a través de la manipulación de la justicia se busca disciplinar a la sociedad para que acepte callada y sumisa la actual situación económica”, aseguró. Evo Morales y Arce están distanciados desde finales de 2021 por diferencias en la administración del Estado, la necesidad de renovar la dirección nacional del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), aún en manos del ex Presidente, y la definición de la candidatura oficialista para las elecciones generales de 2025. La pelea en el oficialismo se ahondó después de que se conociera una investigación penal contra Morales, en un caso de trata de personas y estupro que el ex gobernante considera que es una “persecución política” para dejarlo fuera de la contienda electoral. El Gobierno calculó que las pérdidas económicas por los bloqueos superan los 2.109 millones de dólares.
