Un reciente estudio de la Superintendencia de Educación reveló un preocupante aumento en las expulsiones y cancelaciones de matrícula en los establecimientos educacionales de la Región del Biobío. Desde la entrada en vigencia de la Ley Aula Segura en 2019, estas medidas disciplinarias se han triplicado, alcanzando cifras récord en 2023.
Los datos obtenidos a través de la Ley de Transparencia muestran un incremento sostenido en el número de casos, especialmente desde el retorno a la presencialidad tras la pandemia. Si bien en 2019 se registraron 35 expulsiones, en 2023 la cifra ascendió a 126, lo que representa un aumento del 257%.
¿A qué se debe este alza?
La Superintendencia atribuye este fenómeno a diversos factores, entre ellos:
- Mayor conocimiento de la ley: Los establecimientos educativos estarían aplicando la Ley Aula Segura de manera más rigurosa, lo que se traduce en un aumento en las sanciones.
- Incremento de casos de violencia escolar: La pandemia podría haber exacerbado problemas de convivencia escolar, lo que se estaría reflejando en un mayor número de incidentes graves.
- Subregistro histórico: Se sugiere que en años anteriores, no todos los establecimientos informaban sobre las expulsiones, lo que podría estar inflando las cifras actuales.
Incertidumbre sobre la efectividad de la ley
Carlos Martínez, director regional de la Superintendencia, plantea que es necesario analizar si estas medidas están logrando el objetivo de mejorar la convivencia escolar. «Cabe preguntarnos si estas medidas han tenido el efecto que se esperaba. En disminuir los hechos de violencia o afectaciones graves a la convivencia».
A pesar del aumento en la aplicación de medidas disciplinarias, surge la interrogante sobre la efectividad de la Ley Aula Segura en la disminución de la violencia escolar. Los datos disponibles no permiten establecer una relación clara entre el aumento de las expulsiones y una disminución de los hechos de violencia.
