Larraín y su fundación aumentó más de 10 veces sus ingresos provenientes de reparticiones públicas y privadas en 2022: pasó de $ 316.849.723 en 2021 a $ 3.282.841.556
En los primeros meses de 2020 y junio de 2021, la Universidad de Concepción firmó convenios con: primero, la fundación ProCultura, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín y en segundo lugar el planetl universitario también suscribió en paralelo otro acuerdo con Urbanismo Social, vinculada a la ex Revolución Democrática.
Ambas organizaciones están en el núcleo jurídico-judicial del llamado «Caso Fundaciones», o «Caso Convenios», con requerimientos de la justicia penal producto de las irregularidades investigadas en el manejo de fondos públicos. El acuerdo con ProCultura tenía vigencia hasta el año en que la fundación anunció su cierre, mientras que el convenio con Urbanismo Social es indefinido, por lo tanto, está vigente.
UdeC y el Análisis de Cuestionados Convenios
Un análisis de los convenios firmados en los últimos años por la Universidad de Concepción revela al menos un acuerdo con ProCultura, una organización clave en este escándalo.
El convenio con ProCultura fue constituido el 22 de enero de 2020 y tenía como objetivo principal «fomentar la cooperación y la realización de actividades conjuntas» en áreas como la cultura, la ciencia, la economía y el diseño, así como en el rescate del patrimonio. También se buscaba promover «iniciativas que ambas instituciones consideren relevantes, implicando el traspaso de capacidades, conocimientos y habilidades».
Este acuerdo estableció que ProCultura sería la encargada de presentar «proyectos y programas específicos» relacionados con temáticas culturales y de diseño. Sin embargo, la ejecución de estas actividades estaba sujeta a la obtención completa de los fondos necesarios para su financiamiento.
Además, el convenio planteó que ProCultura asumiría la responsabilidad de financiar dichas actividades, eximiéndose de cualquier responsabilidad legal en caso de no conseguir los recursos necesarios. Se indicó que el financiamiento podría provenir de donaciones privadas, fondos públicos concursables y otras fuentes autorizadas por la ley, lo que podría complicar la situación si se relaciona con los cuestionados acuerdos de ProCultura con otras entidades.
Este convenio tenía una vigencia inicial de tres años, con posibilidad de renovación si ninguna de las partes manifestaba su intención de finalizarlo, es decir casi extensión automática.
Urbanismo Social – UdeC y Cláusulas de Confidencialidad
Un año y medio después de que la Universidad de Concepción firmara el convenio con ProCultura, fue el turno de la altamente cuestionada penalmente Fundación Urbanismo Social. El 26 de julio de 2021, durante la pandemia de COVID-19, se formalizó un convenio de colaboración que tenía como objetivo principal el «desarrollo de actividades conjuntas» que facilitaran el cumplimiento de los objetivos de ambas instituciones.
El acuerdo abarcaba cuatro áreas clave: formación, colaboración en proyectos, investigación, y beneficios para los empleados de Urbanismo Social y participantes del Magíster en Procesos Urbanos Sostenibles.
Respecto al financiamiento, el convenio estipuló que ambas partes se comprometerían a aportar los recursos humanos y materiales necesarios, pero no implicaba un compromiso económico firme. El éxito de las actividades conjuntas dependía de la obtención de los fondos requeridos, similar a lo establecido en el convenio con ProCultura.
Un aspecto destacado del acuerdo con Urbanismo Social es la cláusula de reserva y confidencialidad. Esta cláusula impone a las partes la obligación de mantener en estricta reserva los detalles de las propuestas de trabajo, así como cualquier metodología o forma de trabajo, prohibiendo su divulgación pública sin autorización previa.
A diferencia del convenio con ProCultura, este acuerdo con Urbanismo Social tiene una duración indefinida, lo que permite una colaboración continua entre ambas entidades.
Otras conexiones
Este caso ha tenido alto impacto en la región del Biobío desde que se destapó en 2022, aunque los avances en la investigación han sido limitados. No obstante, los cuestionamientos hacia Larraín y sus organizaciones no han cesado. Además de sus vínculos con la Universidad de Concepción, Larraín también tuvo conexiones con el Gobierno Regional del Biobío, liderado por el ex DC Rodrigo Díaz. En 2022, el GORE aprobó la asignación de $379.870.000 a la fundación Horizonte Ciudadano para llevar a cabo el programa “Voces del Biobío para vivir sin violencia”. Una auditoría de Contraloría, publicada recientemente, hizo cinco observaciones sobre estas transferencias, destacando la falta de inicio de actividades de la fundación ante el SII, un punto crucial para evaluar la ejecución de proyectos.
Larraín ha sido descrito por quienes han trabajado con él como un individuo hábil en el ámbito político, capaz de generar vínculos estratégicos y manipular situaciones a su favor. Con conexiones en el mundo político que van desde Gabriel Boric hasta Carolina Tohá y Claudio Orrego, Michelle Bachelet, Irina Karamanos y también con el gobernador regional Rodrigo Díaz Wöerner, Larraín ha sido una figura controvertida en el ámbito público que ha ejercido una influencia inconmensurable en todos los niveles de la administración pública.
Cuando ProCultura empezó a ser investigada, tambipen comenzaron a aparecer antecdentes de los ingresos de Larraón. Por ejemplo la fundación aumentó 10 veces sus ingresos de reparticiones públicas en 2022: pasó de $ 316.849.723 en 2021 a $ 3.282.841.556 un año más tarde. O que entre 2010 y 2023 su trabajo incluyó 67 convenios con reparticiones del Estado y privadas como la Universidad de Concepción y que también incluyen al GORE Biobío al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Corfo y la Subsecretaría de Interior, hasta los gobiernos regionales Metropolitano, de Ñuble y Aysén, entre otros.
Recientemente, ProCultura ha vuelto a estar en el centro de la atención por varios incidentes. El primero fue la revelación de transferencias realizadas por la ex primera dama Irina Karamanos a la fundación en 2021. Posteriormente, se filtraron mensajes entre Larraín y el gobernador de Magallanes, en los que Larraín presionaba para acelerar proyectos, alegando haber conversado con el Presidente Boric. Además, el 9 de octubre, la abogada Susana Borzutzky renunció a su defensa, y ese mismo día, la Policía de Investigaciones incautó computadores y teléfonos de 14 ex funcionarios de la ONG, incluyendo dispositivos de Larraín en su residencia.
Las complicaciones para ProCultura comenzaron en junio de 2023, cuando se inició una investigación por el Caso Convenios, el cual examina transferencias irregulares de fondos públicos a organizaciones privadas. Uno de los primeros focos de investigación fue un convenio con el gobierno regional por $630 millones destinado a la recuperación de fachadas en el casco histórico de Antofagasta, cuyo costo fue considerado excesivo. Posteriormente, la atención se amplió a otros proyectos de ProCultura en varias regiones del país, manteniendo la investigación en curso. La fundación, al verse atrapada en este entramado de irregularidades, cerró en noviembre pasado, alegando un daño patrimonial y reputacional irreparable.
Larraín, que antes gozaba de una notable presencia pública, se ha retirado de la vida mediática tras el estallido del escándalo. Se le ha visto reacio a participar en eventos sociales, prefiriendo enfocarse en su consulta privada, aunque mantiene una activa presencia en redes sociales, abordando temas de salud mental.
Las conexiones políticas de Larraín son notables. ProCultura a lo largo de su trayectoria, ha establecido 67 convenios con diversas reparticiones del Estado. Larraín ha trabajado estrechamente con figuras políticas como Carolina Goic y ha sido asesor en la Subsecretaría de Salud Pública durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Sin embargo, la situación para Larraín se complica aún más. Actualmente, enfrenta demandas de ex trabajadores de ProCultura, quienes denuncian el cierre abrupto de la organización sin aviso previo y la falta de pago de sus cotizaciones e indemnizaciones. Cerca de 25 acciones legales han sido presentadas en los juzgados de Santiago desde octubre de 2023.
Mientras tanto, la investigación de la Fiscalía sigue su curso y la controversia en torno a los convenios y el manejo de fondos públicos continúa siendo un tema candente en la discusión pública. La compleja red de relaciones políticas y los cuestionamientos sobre la gestión de Larraín y ProCultura con la Universidad de Concepción y el GORE en la Región del Biobío y además con las conexiones directas con el mundo político que van desde Gabriel Boric hasta Carolina Tohá y Claudio Orrego, más Michelle Bachelet, Irina Karamanos y otros tantos más; han puesto de manifiesto la necesidad de una revisión más exhaustiva, más seria, más rápida de las prácticas en el manejo de recursos destinados a proyectos sociales.
