El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra en el centro de un nuevo escándalo judicial tras conocerse que es investigado por la supuesta violación de una menor y un caso de trata de personas que habría ocurrido hace ocho años, cuando aún ejercía la Presidencia. El Gobierno de Bolivia se adhirió como denunciante a la investigación contra Evo Morales por abuso y trata de personas.
La investigación fue confirmada por el ministro de Justicia, César Siles, quien detalló que la víctima habría tenido una hija con Morales, según consta en el certificado de nacimiento. Este caso, que ya ha provocado destituciones y denuncias de persecución política, se desarrolla en medio de una creciente disputa interna por el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS), entre el actual mandatario, Luis Arce, y el ex presidente Morales, quien busca postularse a las elecciones de 2025 a pesar
«Producto de esa violación, la madre engendró a otra niña y el padre reconocido en un certificado de nacimiento es el señor Evo Morales Ayma», afirmó Siles durante una rueda de prensa en La Paz. El ministro también señaló que el proceso judicial sigue en curso, y que la víctima tenía entre 15 y 16 años en el momento de los hechos. El escándalo estalló cuando la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció haber sido destituida por negarse a detener la investigación contra Morales. Afirmó que, tras solicitar una orden de aprehensión, recibió instrucciones de su superior, el fiscal general Juan Lanchipa, para cesar la investigación. Poco después de su destitución, un tribunal en Santa Cruz anuló la orden de captura debido a irregularidades procesales.
La fractura interna en el MAS se intensifica con estas acciones. Gutiérrez denunció que su salida fue una maniobra para proteger a Morales, mientras que Lanchipa justificó la medida por errores procesales y negligencia. Designado fiscal general en 2018 por el MAS, Lanchipa ha sido criticado por presunta parcialidad a favor del oficial
Desde su bastión en el Chapare, Morales respondió a las acusaciones afirmando que no le preocupan y que ha sido víctima de persecución política por todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual. Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, está protegido por sus seguidores y ha movilizado «vigilantes» para evitar su aprehensión. Carlos Romero, su ex ministro de Gobierno, señaló que las fuerzas militares y policiales han sido enviadas para capturar a Morales, lo que ha motivado que sus seguidores lo protejan.
Este caso es uno de al menos cinco procesos judiciales que enfrenta Morales, activados en las últimas semanas. Mientras tanto, el presidente Arce ha calificado la situación como «delicada» y ha solicitado que se declare en reserva para evitar su politización y proteger a la supuesta víctima. Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cuestionó la actuación de Lanchipa al destituir a los fiscales involucrados y reveló que se están investigando otros tres casos adicionales de violación que también involucran a Morales.
La disputa interna entre Morales y Arce ha fracturado al MAS, que alguna vez fue una fuerza política cohesionada. Morales ha acusado a Arce de deslealtad y de gobernar con un estilo neoliberal, mientras ambos luchan por el control del partido y la nominación presidencial para 2025. La oposición ha criticado el proceso judicial contra Morales, calificándolo como un «circo» para desviar la atención. de los problemas internos
El futuro de Morales y del MAS está en juego. El resultado de estas investigaciones podría tener profundas implicaciones políticas para Bolivia. Mientras tanto, la anulación de la orden de aprehensión y la solicitud de mantener el caso en reserva añaden más incertidumbre sobre el destino de Morales, quien sigue desafiando las acusaciones y reafirmando su intención de postularse a la presidencia en 2025.