Más de 2.000 detenidos y sobre una veintena de fallecidos se han consignado hasta ahora en las protestas callejeras contra el régimen de Nicolás Maduro, en el convulsionado país sudamericano de Venezuela. La ONG Provea cifró en 24 las víctimas fatales entre el domingo 28 de julio y el lunes 5 de agosto, en «eventos y protestas relacionadas con los comicios». Por su parte, Maduro comunicó en esta jornada que «ya van por 2.229 terroristas capturados, con pruebas, y el sábado serán trasladados a (las cárceles de) Tocorón y a Tocuyito».
La ONG advirtió sobre una escalada, en los próximos días, de actos de represalia y «castigos ejemplarizantes» contra los habitantes de los sectores populares o trabajadores públicos que se han alzado contra la dictadura. Las protestas desatadas son en rechazo al resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio, considerado fraudulento, especialmente por numerosos países de América y Europa.
De acuerdo a un informe publicado este martes por la ONG Provea, la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) es señalada -en al menos dos casos- de haber cometido «asesinatos» de manifestantes, además de otras víctimas a manos de civiles armados.
«En al menos nueve de los asesinatos de manifestantes registrados, las agrupaciones de civiles armados pro-oficialistas, o colectivos, están señalados por testigos presenciales como posibles autores de los hechos», añadió. La ONG indicó, asimismo, que se ha documentado «ampliamente» la participación de estas agrupaciones en «abierta coordinación con agentes de la fuerza pública, en labores de represión de manifestaciones, ataques a centros de votación del día de las elecciones y actos de amenazas y hostigamiento contra personas opositoras. Y la mayoría de las protestas registradas se han producido en barrios y zonas populares de Caracas y otras ciudades del país», agregó.
Ante esta situación, Provea advirtió sobre una escalada, en los próximos días, de actos de represalias y «castigos ejemplarizantes», contra los habitantes de estos sectores o trabajadores de la administración pública. Asimismo, dijo que ya ha comenzado a recibir denuncias de actos de acoso, despidos y desmejora laboral de personas empleadas de instituciones del Estado. «Negar a las personas el derecho humano a la democracia, a la verdad electoral, y reprimir a quien reclame estos principios básicos, es un delito contra los derechos humanos», apostilló Provea. El lunes, la ONG Foro Penal informó -en tanto- que al menos 91 adolescentes, del total de 1.010 capturados (que el Ejecutivo eleva a 2.000), han sido detenidos en la nación caribeña, en el contexto de estas manifestaciones.
La furia de Maduro
«Ya van por 2.229 terroristas capturados, con pruebas, y el sábado serán trasladados a Tocorón y a Tocuyito; ya están listos Tocorón y Tocuyito para los terroristas, para los criminales», expresó Nicolás Maduro. Estos penales fueron vaciados en septiembre y octubre del año pasado, y acondicionados -según Maduro- para recluir a «todas las bandas de nueva generación que están metidas en las guarimbas (protestas violentas)».
Según dijo, los detenidos «atacaron» y «asesinaron» personas -sin precisar la cifra-, y «quemaron» hospitales, escuelas, liceos y universidades, así como módulos policiales, alcaldías y sedes del partido gobernante PSUV, entre otras acciones, de las que responsabilizó al abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, y a la líder antichavista María Corina Machado.
Según el Gobierno, al menos 59 funcionarios policiales y 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) resultaron heridos, mientras que dos militares fallecieron.
