Denuncian a la U. de Concepción Ante Contraloría. La autoridad Cesó Abruptamente a Subcomisión de Redacción de los Estatutos para Mantener el Poder Ilimitado al Rector  

El Comité Ejecutivo de la Subcomisión de redacción de los estatutos de la Universidad de Concepción, en un acto de denuncia contundente dirigida a la Contraloría, expuso un grave cese de su participación en la redacción de la reforma estatutaria de la institución. Esta acción, llevada a cabo de manera abrupta y sin justificación alguna, ha suscitado preocupaciones profundas sobre la integridad del proceso y el futuro de la gobernanza universitaria.

Según el grupo que redactó los nuevos estatutos y que encabezó Hernán Saavedra,  la propuesta entregada por este equipo -que estaba institucionalmente validado- fue completamente desechada y despreciada. El documento que fue finalmente aprobado -elaborado entre gallos y medianoche, casi en la clandestinidad por el actual establishment- no fomenta una adecuada profesionalización del rol del Directorio. Por el contrario, en el sentido inverso al manifestado por la comunidad universitaria, fortalece aún más la figura omnímoda del Rector de turno, Presidente del Directorio, Presidente del Consejo Académico, Presidente del órgano consultivo triestamental y de cualquier otro órgano colegiado que se cree, apartándose del principio de oposición de funciones que la Ley 21.094 ha consagrado para las Universidades Estatales, alejándose del modelo de Universidad Pública al que como Universidad de Concepción, aspira la comunidad del plantel. Hernán Saavedra, instaló el tema el viernes último con ocasión de la Junta de Socios realizada en la casa de estudios superiores, desatando las aprehensiones de la mayor parte de los asistentes.

La propuesta, que fue redactada entre cuatro paredes, según los denunciantes «no respeta  la participación de la comunidad universitaria, ni la versión preliminar redactada por la Subcomisión de Redacción, no salvaguarda adecuadamente el principio de separación de roles en la gobernanza, que garantice el adecuado control y oposición de funciones, ni fomenta una adecuada profesionalización del rol del directorio. Por el contrario, en el sentido inverso al manifestado por la comunidad universitaria, fortalece aún más la figura omnímoda del Rector de turno, apartándose del principio de oposición de funciones que la Ley 21.094 ha consagrado para las Universidades Estatales, alejándonos del modelo de Universidad Pública al que como Universidad de Concepción, aspiramos».

No es efectivo, como señala la Coordinadora del proceso de reforma, Ximena Gauché, en la última presentación que el plan de trabajo se haya desarrollado en diversas etapas «Con total apego a los principios orientadores acordados, como participación y transparencia, entre otros», de esa forma nunca fue, según los denunciantes.

Hernán Saavedra, manifiesta que «más bien, lo que apreciamos es que la propuesta unipersonal presentada está siendo vestida artificialmente con esos principios, siendo la realidad que redactada entre cuatro paredes, que no ha considerado adecuadamente los resultados de los procesos participativos de la comunidad universitaria y que ha sepultado el trabajo de la Subcomisión de REdacción sin recoger ninguna de las propuestas de fondo realizadas (muy en particular, en lo referido a la desconcentración del poder existente en la figura unipersonal del Rector, a la debida oposición de funciones y a la participación multiestamental efectiva), desechando de paso las correcciones de las falencias fundamentales del estatuto vigente en cuanto a la requerida, necesaria y urgente modernización corporativa existente». 

Bajo el liderazgo de Hernán Saavedra, este grupo de profesionales reafirma una serie de irregularidades y omisiones flagrantes en el proceso de reforma estatutaria, que arrojan serias dudas sobre su transparencia y legitimidad. En la carta formal dirigida a la Contraloría, los recurrentes detallan minuciosamente las preocupaciones y desafíos encontrados durante el curso de su participación en la Subcomisión de Redacción de los Estatutos de la Universidad de Concepción.

Al parecer la propuesta de reforma estatutaria, que finalmente fue aprobada, se elaboró sin el debido escrutinio público, ha generado genuina preocupación entre la comunidad universitaria debido a su aparente sesgo autoritario, violando la institucionalidad, los valores universitarios y la completa falta de consideración por los principios democráticos fundamentales.

En su carta a la Contraloría, se subraya que «la propuesta de reforma estatutaria no sólo ignora la participación significativa de la comunidad universitaria, sino que también desecha de manera arbitraria la versión preliminar elaborada por la Subcomisión de Redacción, la cual había sido concebida para reflejar los intereses y preocupaciones de los diversos estamentos de la universidad».

Asimismo, los denunciantes expresan su profunda preocupación por el impacto potencial de esta propuesta en la autonomía y la identidad institucional de la Universidad de Concepción, señalando que dicha propuesta socava, el espíritu de universalidad, los principios fundamentales de la democracia universitaria y la misión de servicio público de la institución.

La carta enviada a la Contraloría detalla con precisión las múltiples irregularidades observadas en el proceso de reforma estatutaria, incluyendo la falta de transparencia, la exclusión de la participación significativa de la comunidad universitaria y la ausencia de justificación para el cese abrupto de la Subcomisión de Redacción.

El grupo que hizo la presentación a la Contraloría compuesta por un ex integrante del directorio, profesionales, académicos y hasta estudiantes, instan al organismo fiscalizador a llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre este asunto, con el propósito de garantizar la integridad y la legitimidad del proceso de reforma estatutaria de la Universidad de Concepción y salvaguardar así los principios democráticos y los valores fundamentales de la institución.

Misiva de los académicos de la Universidad de Concepción a la Contraloría.