El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, condenó enérgicamente el asesinato de tres carabineros en Cañete y pidió al gobierno medidas contundentes para enfrentar este tipo de crímenes.
Rodrigo Díaz señaló que «este es un acto gravísimo, que haya gente que haya planificado un atentado, por lo que hemos conocido, el 27 de abril, es una provocación máxima a la institución policial y al Estado de Derecho en Chile».
Ante esto, el gobernador exigió al gobierno enviar un proyecto de ley al parlamento que contemple dos medidas principales:
- Restablecer la pena de muerte para quienes asesinen a policías.
- Prohibir que la Defensoría Penal Pública defienda a personas acusadas de este tipo de homicidios.
«Nosotros no necesitamos un acto de comunicaciones, necesitamos que pasen cosas a partir de esta unión del Estado», recalcó Díaz.
La propuesta del gobernador no es nueva. Esta semana, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, también se mostró dispuesto a reabrir el debate sobre la pena de muerte en el contexto de la delincuencia en el país.
La petición de Díaz ha generado reacciones diversas. Algunos sectores la apoyan, argumentando que es necesaria una medida extrema para disuadir este tipo de crímenes. Otros la rechazan, considerando que la pena de muerte no es una solución efectiva y que vulnera los derechos humanos.
El debate sobre la pena de muerte en Chile está abierto. La sociedad deberá discutir y decidir si esta medida es necesaria para enfrentar la violencia y la delincuencia en el país.
