La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se encuentra en el centro de un debate crucial: ¿debería elevar el pago mínimo mensual de las tarjetas de crédito del 4% al 25%? Esta propuesta, destinada a frenar el creciente endeudamiento de los consumidores, ha generado una ola de interrogantes y temores sobre sus posibles consecuencias.
Nicolás Román, exjefe de Estudios de la Superintendencia de Valores y Seguros y académico de la Universidad de los Andes, pone de relieve la facultad legal de la CMF para tomar esta decisión, subrayando la incertidumbre que rodea su implementación. «La CMF ha escuchado a expertos y ciudadanos, y ahora se enfrenta a la difícil tarea de decidir. La pregunta clave es: ¿beneficiará realmente esta medida a la mayoría de los chilenos?».
El académico plantea un escenario dual: por un lado, la posibilidad de que los consumidores adopten una mayor disciplina financiera, ajustando sus gastos a un presupuesto realista. Por otro, el riesgo de que muchos se vean imposibilitados de cumplir con el nuevo pago mínimo, recurriendo a prestamistas informales o cayendo en morosidad. Para Román, «el peor escenario sería un aumento de la deuda agregada, un desplazamiento hacia créditos de consumo y una avalancha de chilenos buscando financiamiento en el sector informal».
La experiencia internacional ofrece un punto de referencia, sugiriendo límites centrados en el pago de intereses para evitar el crecimiento descontrolado de la deuda. Sin embargo, la propuesta de la CMF plantea un debate sobre la pertinencia de regular un acuerdo entre privados. «¿Es razonable que la CMF intervenga en un tema que, en esencia, es un pacto entre el consumidor y la entidad financiera?», reflexiona Román.
La decisión de la CMF podría tener un impacto significativo en la economía chilena, alterando los hábitos de consumo y el acceso al crédito de millones de personas. La incógnita persiste: ¿logrará la medida el equilibrio deseado entre la protección del consumidor y la estabilidad del mercado financiero?.
SOJ
