En un año marcado por la elección presidencial y parlamentaria, es oportuno abordar y estimular el debate en torno a los nudos críticos que debe abordar Chile para pensar un futuro próximo de mayor paz y prosperidad, que contribuya a mejorar la condición de vida de los Chilenos desde programas y propuestas que aborden los retos en materia de control de la migración ilegal, seguridad y combate al crimen organizado y el narcotráfico, estímulo a la inversión y el crecimiento económico, abordando también materias como la permisología, desde estatutos para la inversión, políticas para el desarrollo integral, políticas para el fortalecimiento institucional y democrático que contribuyan a mejorar la convivencia colectiva y la calidad de la democracia, salud, educación y un muy largo etc.
En esta columna abordamos un pilar fundamental e ineludible de la discusión pública que sugiere medidas para avanzar hacia una mayor sostenibilidad fiscal, frenar el aumento descontrolado de la deuda pública y lograr contener el riesgo de superar niveles que podrían suponer un riesgo para las futuras generaciones. Chile se enfrenta a un desafío crucial en materia de sostenibilidad fiscal. La deuda pública ha aumentado significativamente en los últimos años, y el déficit fiscal crónico ha generado preocupación sobre la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras.
La política fiscal chilena se ha guiado por una regla basada en un balance cíclicamente ajustado (BCA) desde 2001. Sin embargo, esta regla ha sido objeto de revisiones y ajustes a lo largo de los años, y no ha sido suficiente para evitar el aumento de la deuda pública y el déficit fiscal. En los últimos 17 años, la deuda pública ha aumentado constantemente en relación con la economía, llegando a un 41,2% del PIB en 2024. Esto ha generado problemas financieros y ha acortado la distancia con el nivel prudente de deuda de 45% del PIB establecido por el Decreto de Política Fiscal. Además, las estimaciones de la DIPRES y del Fondo Monetario Internacional indican que esta distancia seguirá acortándose en los años venideros. La deuda externa del país alcanzó los US$254.443 millones en el tercer trimestre de 2024, lo que representó un aumento de US$10.781 millones.
Este rápido aumento de la deuda pública ha llevado a la calificadora de riesgo crediticio, Standard & Poor’s, a bajar la nota de riesgo país, lo que significa que el riesgo de tomar inversiones con el Estado de Chile ha crecido. En este contexto, es fundamental impulsar una reforma constitucional que eleve a rango constitucional las reglas de responsabilidad fiscal. Esto permitiría establecer límites claros y vinculantes para el déficit fiscal y la deuda pública, garantizando la sostenibilidad fiscal del país a largo plazo. La experiencia internacional muestra que la inclusión de reglas fiscales en la Constitución puede ser una herramienta efectiva para promover la disciplina fiscal y reducir la deuda pública. Países como Alemania, España y Suecia han incorporado reglas fiscales en sus Constituciones, con resultados positivos en términos de sostenibilidad fiscal.
En Chile, la reforma constitucional podría incluir disposiciones que establezcan límites para el déficit fiscal y la deuda pública, así como mecanismos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión fiscal. Además, podría incluirse una cláusula que establezca la obligación del Estado de mantener una política fiscal responsable y sostenible. La implementación de una reforma constitucional que eleve a rango constitucional las reglas de responsabilidad fiscal sería un paso importante hacia la consolidación de la sostenibilidad fiscal en Chile. Esto permitiría generar confianza en los mercados financieros, atraer inversión extranjera y nacional, y garantizar la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para generar confianza en la política fiscal. Como señala el Fondo Monetario Internacional, «la transparencia fiscal es esencial para una gestión fiscal efectiva y para mantener la confianza de los mercados financieros y del público en general» ¹. Políticas fiscales más transparentes y responsables pueden ayudar a reducir la incertidumbre y a aumentar la credibilidad del gobierno.
Además, es fundamental reducir la presión fiscal, recortar gastos y mejorar la eficiencia del Estado (En la línea de la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo). La implementación de una agenda de modernización del Estado puede ayudar a devolverle sostenibilidad fiscal, credibilidad, dignidad y prestancia para acompañar una transición de Chile al desarrollo. Esto implica impulsar reformas que mejoren la gestión pública, reduzcan la burocracia y aumenten la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Es hora de que los líderes políticos y la sociedad civil se unan para impulsar esta reforma y asegurar un futuro fiscal sostenible para el país. La propuesta de norma constitucional presentada es un buen punto de partida para esta discusión.
* Augusto Parra Ahumada, presidente de Fundación República en Marcha
