Gobierno de Boric comete desacato??? Andes Iron reacciona tras fallo favorable del Tribunal Ambiental sobre el proyecto Dominga

Andes Iron, la empresa detrás del proyecto minero-portuario Dominga, ha expresado su opinión tras el fallo emitido por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Este fallo ordenó la anulación parcial de la resolución del Comité de Ministros que rechazó el proyecto en enero de este año, argumentando que el Comité excedió sus atribuciones al incorporar argumentos no contemplados en la resolución original.

La empresa manifestó su «esperanza» de que se cumpla con lo instruido por la justicia ambiental y se reconozca que la discusión técnica sobre el proyecto ha concluido, ya que cumple con toda la normativa medioambiental.

Andes Iron destacó que el fallo demuestra un «actuar inédito y grave» por parte del Comité de Ministros, al negarse a acatar decisiones judiciales previas. En este sentido, la compañía señaló que el Primer Tribunal Ambiental dejó abierta la posibilidad de imponer medidas coercitivas si el Comité de Ministros persiste en no cumplir con la sentencia.

La discusión técnica sobre el proyecto ha concluido, ya que cumple con toda la normativa medioambiental.

La empresa recordó que el proyecto Dominga siempre ha sido respaldado en todas las instancias técnicas y judiciales. Un ejemplo de esto es el proceso de evaluación ambiental, en el cual, después de más de tres años, el proyecto recibió un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable en 2017, que recomendaba su aprobación. Asimismo, la justicia ambiental ha emitido cuatro fallos favorables en los cuales se ha establecido que Dominga cumple con la normativa medioambiental y que los distintos Comités de Ministros que han calificado el proyecto de manera desfavorable lo hicieron de forma errónea.

Por todo esto, Andes Iron hizo un llamado a poner fin a lo que calificó como una «espiral interminable de resquicios legales» que solo buscan poner trabas ilegítimas al proyecto Dominga. La empresa destacó que esta situación representa una mala práctica que, a su juicio, desprestigia la institucionalidad y retrasa inversiones sostenibles clave para la región de Coquimbo, que se verían beneficiadas con la puesta en marcha del proyecto.

SOJ