Uno de los temas que se ha llevado la agenda pública – y no sin razón- es el de seguridad. La política en materia de criminalidad en nuestro siglo XXI ha tenido grandes cambios en el imaginario social y en los hechos, debido al desarrollo tecnológico, fenómenos de inmigracion y las nuevas formas de perpetrar ilícitos por parte de quienes no respetan el mínimo de reglas sociales.
Paralelamente a lo anterior, los poderes del Estado (Gobierno y Congreso) han tenido que legislar sobre nuevos tipos penales (delitos), creando agravantes, eliminando beneficios intrapenitenciarios o reformando los requisitos para acceder a ellos, o aumentando penas a delitos ya tipificados.
Pese a ello, la comisión de delitos no ha descendido, y parte de la preocupación debería también enfocarse en la ejecución de las penas o de medidas cautelares, es decir, como cumplen la respectiva pena o cautelar quienes se ven involucrados en hechos que revisten o pueden ser considerados como delitos. Dicho eso, la mayoría de los centros penitenciarios del país están con sobrepoblación de internos. Además de los condenados, existe un 36,6% del total de la población penal con la medida cautelar de prisión preventiva, es decir, 21.087 internos en todo el país (al menos en agosto del año 2024). Esto ha provocado movilizaciones por parte de funcionarios penitenciarios y rencillas dentro de los recintos. Nuestro Estado, al menos, tiene el control dentro de los mismos, en comparación con otros países (Ecuador, por ejemplo), y cabe destacar que, en América Latina, somos uno de los países con menos sobrepoblación carcelaria.
El gran dilema que debemos abordar es cómo enfrentar esta sobrepoblación penal para prevenir algún deterioro irreversible – con ello me refiero a que los índices de reinserción sean nulos, o que exista un peligro constante de vida por parte de los internos y funcionarios. Entre las aristas se encuentran las condiciones laborales de los funcionarios de Gendarmería de Chile, la infraestructura penitenciaria, el poco interes en crear un centro psiquiatrico para enajenados mentales que sean un peligro para otros o para si mismos y que hayan cometido hechos tipicos y antijuridicos (un tema que debería ser considerado con el lamentablemente asesinato de un interno que fue decapitado en Concepcion), evaluar y/o mejorar la Defensoría Penal Pública – que parte de su trabajo lo realizan Defensores Penales Públicos Licitados (hoy tienen problemas con DIPRES por el pago de remuneraciones)-, el estándar de vida y posibilidad de reinserción efectiva en la sociedad por parte de los condenados, entre otros. Lo crucial es tener claro el panorama y coordinar mejoras con todas las instituciones competentes, sobre todo a nivel regional, para evitar el deterioro carcelario y realizar peticiones a nivel central cuando se amerite.
Debemos reconocer los esfuerzos que ha hecho el actual gobierno de introducir mejoras relevantes en el sistema penitenciario, no obstante a ello, la clase política está en deuda a aunar criterios o iniciativas que permitan hacer de esto una política de Estado que cuente con el respaldo de todos los actores de la política nacional.
Eric Pinto Viguera – Abogado – Consejero Región del Biobío
