El gobierno chileno ha presentado una nueva propuesta de reforma tributaria que busca reequilibrar la carga impositiva entre las empresas y las personas con mayores ingresos. La iniciativa, que ha generado un amplio debate entre expertos y actores económicos, plantea una serie de modificaciones al sistema tributario vigente.
Una de las principales novedades es la reducción de la tasa del impuesto a las utilidades de las empresas, desde un 27% a un 25%. Paralelamente, se introducirá un nuevo impuesto del 16% sobre las utilidades distribuidas a los accionistas, con el objetivo de compensar la disminución de la recaudación. Esta medida, según el gobierno, busca fomentar la inversión y el crecimiento económico.
Sin embargo, para mantener la neutralidad fiscal de la reforma, se propone un aumento del impuesto global complementario para las personas con ingresos superiores a los $6 millones mensuales. Este incremento, que afectaría a un reducido grupo de contribuyentes, busca recaudar los recursos necesarios para financiar la reducción de impuestos a las empresas.
Esta propuesta ha generado diversas reacciones. Expertos tributarios han planteado dudas sobre la efectividad de concentrar la carga impositiva en un grupo tan reducido de contribuyentes, advirtiendo sobre posibles efectos negativos como la desincentivación a la formalización y el aumento de la evasión tributaria. Además, han cuestionado la equidad de una reforma que beneficia principalmente a las grandes empresas y a los accionistas, mientras que aumenta la carga impositiva sobre los asalariados de altos ingresos.
Por su parte, el gobierno ha defendido la reforma argumentando que busca fomentar el crecimiento económico y mejorar la competitividad de las empresas chilenas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha destacado que la propuesta es pro-crecimiento y que busca generar un ambiente más favorable para la inversión.
En resumen, la reforma tributaria propuesta por el gobierno plantea un complejo juego de equilibrios entre los intereses de distintos sectores económicos. Si bien busca estimular la inversión y el crecimiento, también genera interrogantes sobre su impacto en la equidad y la eficiencia del sistema tributario. El debate sobre esta propuesta promete ser intenso en los próximos meses, y su aprobación final dependerá de la capacidad del gobierno para lograr un consenso entre los distintos actores involucrados.
SOJ
