La masiva manifestación de fuerza de los trabajadores del sector público, convocado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), paralizó este jueves el centro de Concepción con cerca de 4 mil funcionarios en la región del Biobío en las calles céntricas. La movilización, que se extendió a lo largo del país, tuvo como uno e los hitos principales a la ciudad de Concepción.
La muy masiva manifestación reunió a los trabajadores públicos en la Plaza Perú. La Marcha comenzó allí, frente a la Universidad de Concepción y ocupó literalmente la diagonal Pedro Aguirre Cerda durante casi una hora. Cuando las primeras líneas de la columna se encontraban en la Plaza de Armas de la Independencia de Concepción la diagonal seguía repleta de manifestantes.
El principal motivo de la protesta es el rechazo al nuevo dictamen de la Contraloría General de la República, que modifica la interpretación del principio de «confianza legítima». Este principio, fundamental en la administración pública, protegía a los funcionarios a contrata de despidos arbitrarios tras un período determinado de servicio. Sin embargo, el nuevo dictamen transfiere esta facultad a los tribunales ordinarios, lo que, según los sindicatos, debilita la estabilidad laboral de miles de trabajadores.
«Este cambio nos genera una profunda inseguridad laboral», afirmó José Pérez, presidente nacional de la ANEF. «Es un retroceso que afecta directamente a miles de familias y pone en riesgo la continuidad de los servicios públicos».
Los trabajadores denuncian que esta decisión de la Contraloría vulnera sus derechos laborales y compromete la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía. Además, señalan que este es el segundo paro nacional que se realiza durante el gobierno de Gabriel Boric, lo que evidencia un descontento generalizado entre los funcionarios públicos.
Durante la manifestación, los trabajadores exigieron al gobierno que revierta este dictamen y que se garanticen sus derechos laborales. Asimismo, pidieron un diálogo abierto y transparente con las autoridades para encontrar una solución a esta problemática que afecta a miles de familias chilenas.
En resumen, la paralización de este jueves es una clara señal de alerta sobre la situación laboral de los funcionarios públicos en Chile y la necesidad de proteger sus derechos y garantizar la estabilidad de los servicios públicos.
SOJ
