Una grave denuncia ha sacudido al deporte paralímpico ecuatoriano. El Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública en el Deporte Ecuatoriano (ODDE) ha presentado ante el Congreso un informe que revela una presunta red de corrupción que habría permitido a personas sin discapacidad participar en competencias paralímpicas, obteniendo beneficios indebidos.
Según el ODDE, esta red, operando desde al menos 2015, habría falsificado clasificaciones funcionales para permitir que atletas sin discapacidad intelectual compitieran en eventos internacionales, como los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015. Dirigentes del Comité Paralímpico Ecuatoriano y de la Federación Ecuatorial de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual estarían involucrados en este fraude.
“Los deportistas competían en el deporte convencional de acuerdo a las fichas técnicas y a las declaraciones rendidas por el Mgs. Diego Arteaga Rosero, Metodólogo de la Federación Deportiva del Carchi, quien, mediante la entrevista realizada por Javier Tamba Guzmán, periodista Federación Postera, deja absolutamente claro el proceso de formación y competición que tuvieron los deportistas descritos en líneas anteriores y como estos deportistas de la noche a la mañana fueron reclutados por el Comité Paralímpico Ecuatoriano y pasaron a competir en el Deporte Adaptado”, se lee en la denuncia ante el congreso.
El pasado 23 de agosto, un entrenador de atletas paralímpicos alertó en la televisora Teleamazonas que en los actuales Juegos Paralímpicos de Paris, hay deportistas con discapacidades falsas: “Los seleccionados que deberían tener alguna discapacidad intelectual, para participar en los Juegos Paralímpicos París 2024, no la tienen”, dijo el entrenador que prefirió la reserva de su identidad.
Una de las evidencias, dijo el coach se observa en las licencias de conducir. En Ecuador la licencia tipo B (para conducir vehículos livianos) no se pueden otorgar a personas con discapacidad y algunos de los atletas paralímpicos de la delegación ecuatoriana tienen ese tipo de permiso de conducción: “Hasta cierto grado de discapacidad se puede otorgar la licencia tipo F, pero no la B. Algo aquí no cuadra, cómo la consiguieron si tienen una discapacidad entre el 36% hasta más del 60%”.
La denuncia detalla cómo se habrían obtenido de manera fraudulenta las clasificaciones funcionales, requisito indispensable para participar en eventos paralímpicos. Además, se señala que algunos de los atletas involucrados habrían competido previamente en eventos deportivos convencionales, lo que contradice los criterios de elegibilidad para participar en competencias paralímpicas.
Las consecuencias de este fraude son graves:
- Despojo de oportunidades: Atletas con discapacidad genuina se han visto privados de la oportunidad de competir y obtener los recursos necesarios para su desarrollo deportivo.
- Pérdida de credibilidad: El deporte paralímpico ecuatoriano ha sufrido un grave daño a su imagen y reputación a nivel internacional.
- Posible comisión de delitos: Los hechos denunciados podrían constituir delitos como fraude, falsificación de documentos y abuso de autoridad.
Las autoridades deben actuar con celeridad y transparencia para investigar a fondo estas denuncias y sancionar a los responsables. Es fundamental garantizar que los recursos destinados al deporte paralímpico sean utilizados de manera transparente y equitativa, y que los atletas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de desarrollo y competencia.
