Responsables de Indura y Linde podrían enfrentar hasta 10 años de cárcel por colusión

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha denunciado a las empresas Indura y Linde por colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales entre noviembre de 2019 y enero de 2021. De acuerdo a la acusación, las empresas habrían acordado subir artificialmente los precios de los gases, afectando directamente al sector hospitalario, que llegó a pagar hasta un 41% más en licitaciones durante la pandemia.

¿Quiénes son los responsables?

Los presuntos gestores de la colusión serían los ex gerentes generales de las compañías, Marcelo Torres (Indura) y Sergio Nevelli (Linde), quienes habrían establecido un «acuerdo de caballeros» para repartirse el mercado y elevar los precios de los contratos.

¿Qué sanciones podrían enfrentar?

Las sanciones para los delitos de colusión son severas, y en este caso, los involucrados podrían enfrentar penas de cárcel de entre 3 años y un día a 10 años. Sin embargo, es importante destacar que las empresas, en este caso Indura y Linde, no responden penalmente debido a que la legislación sobre delitos económicos entró en vigor después de los hechos que se mencionan.

¿Qué pasa con los ex gerentes?

La responsabilidad penal recaería principalmente sobre Marcelo Torres, ex gerente general de Indura, ya que los ex ejecutivos de Linde Chile – Sergio Novolli y Davis Lori – estarían exentos de responsabilidad debido a que la compañía a la que representaron se acogió al beneficio de la delación compensada.

Un precedente importante

Este caso no es el único de colusión en el que personas naturales se exponen a penas tan altas. En 2021, la FNE presentó un requerimiento similar contra tres empresas de transporte de valores: Brink’s, Prosegur y Loomis. En ese caso, sus altos ejecutivos también arriesgan hasta 10 años de cárcel.

¿Qué podemos hacer como ciudadanos?

Es importante denunciar cualquier práctica anticompetitiva que observemos en el mercado. La FNE tiene canales habilitados para recibir denuncias de forma confidencial, y también podemos acercarnos a las autoridades competentes. Un mercado libre y competitivo es esencial para el bienestar económico de todos.