El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó privación de libertad por 180 días, para los hermanos Ariel y Daniel Sauer, líderes de la empresa de factoring Factop y principales imputados en el caso que lleva el mismo nombre.
La Fiscalía Metropolitana Oriente había solicitado la medida cautelar para los Sauer, quienes son sindicados como autores de delitos tributarios, estafa, lavado de activos e infracción a la Ley de Mercado de Valores.
El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y determinó que los hermanos Sauer cumplan la medida cautelar en el centro penitenciario Capitán Yáber.
En su resolución, el juzgado estableció que la defraudación, que involucra a más de 100 empresas y la emisión de casi 10 mil facturas falsas entre 2021 y 2023, fue concretada por ambos hermanos.
Asimismo, el tribunal consideró que la libertad de los imputados constituye un peligro para la sociedad, dada la pluralidad de delitos y los bienes jurídicos afectados.
La Fiscalía también había solicitado prisión preventiva para Rodrigo Topelberg, socio de Factop, y Luis Flores, gerente general de STF Capital. Sin embargo, el tribunal optó por medidas cautelares menos gravosas para ambos.
En el caso de Flores, se le decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional, debido a la necesidad de cautela por la pluralidad de delitos y para asegurar su concurrencia a las próximas fases del proceso.
Por otro lado, Topelberg recibió la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, considerando su disposición a colaborar con la investigación. No obstante, el tribunal mencionó que su rol en el caso podría ser el de un cómplice, ya que los clientes afectados lo vinculan con la garantía de los pagos.
Al concluir la audiencia, el fiscal a cargo del caso, Juan Pablo Araya, destacó la celeridad del proceso y la formalización de seis imputados por nueve delitos.
El fiscal sostuvo que la indagación continúa en curso y que se espera que aparezcan más víctimas, considerando que las últimas querellas fueron presentadas recientemente.
El plazo de investigación se fijó en 180 días y se deriva del caso Hermosilla.