Los inhibidores de señal serán instalados inicialmente en la ex Penitenciaría y en el penal Santiago 1 a modo de prueba, para luego extenderlo al resto de las cárceles del país, según se informó desde el Gobierno. La medida -como era de esperar- ha puesto en discusión el tema por eventuales conflictos al interior de las unidades carcelarias, que se podrían traducir en motines, huelgas de hambre o tomas de rehenes. Pero, a juicio de los expertos, esto puede evitarse ejerciendo un control preventivo riguroso, como ocurre desde hace tiempo ya en los penales de El Salvador y luego en Ecuador.
El dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Benito Saravia, señaló que «hace bastante tiempo que venimos pidiendo que se invierta en tecnología moderna para poder controlar el interior de los recintos; que se agregue este tipo de tecnología que bloquee todo tipo de señal». Admitió que la determinación «puede generar también sobrerreacción de la población penal, que es justamente la que utiliza estos aparatos celulares para mantener vigente sus vínculos con el exterior, y desde ahí también manejar negocios ilícitos que tienen fuera de las cárceles».
A lo anterior se suma el instructivo emitido por Gendarmería, que manifiesta la suspensión de permisos estatutarios al personal e imposibilidad de salir de la región desde el 28 de marzo, lo que Saravia sostuvo que «no es algo nuevo». Ante esta situación, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que se están tomando las medidas preventivas para evitar algún conflicto al interior de las cárceles.
Combate directo contra crimen organizado
Pese a la preocupación al interior de los centros penitenciarios, en la Cámara de Diputados han valorado la instalación de inhibidores para evitar que los delincuentes sigan operando desde el interior. «Tenemos que enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia con medidas urgentes. Uno de los lugares desde donde se están tomando decisiones y se está generando una cantidad de delitos importantes, son nuestras cárceles. Hace muchos años debíamos haber tomado una medida de inhibición de celulares e internet al interior de las cárceles, para que el crimen organizado no siga operando desde allí», apuntó el diputado oficialista Marcos Ilabaca (PS). Añadió que «el combate al crimen organizado y al narcotráfico tiene que ser frontal y directo. Ante estos criminales que nos amenazan, decirles con claridad que no vamos a ceder ante este tipo de presiones».
En tanto, el diputado de la oposición, Henry Leal (UDI), destacó que «es una medida que transversalmente estábamos pidiendo hace mucho tiempo», pero reparó en que «también pedimos al Gobierno que redoble los esfuerzos, que brinde seguridad y protección a los gendarmes, y también apoyo institucional y político porque si tienen que actuar, tienen que actuar. El crimen organizado es un enemigo poderoso. El Estado tiene que estar preparado para enfrentarlo. No puede ceder ante la amenaza y la presión».