El académico de Administración Pública de la Universidad San Sebastián, Cristóbal Cifuentes Rivera, manifestó que «la paralización de las operaciones de la siderúrgica Huachipato, un pilar histórico de nuestra industria nacional, no sólo simboliza un golpe devastador para la economía local del Gran Concepción, sino que también resalta una problemática mucho más profunda y estructural en nuestra economía. La vulnerabilidad ante la competencia internacional, particularmente la del acero chino. Esta situación es un llamado de atención urgente al Gobierno, evidenciando una necesidad crítica de revisar y fortalecer nuestras políticas de protección para la industria nacional».
Agregó el docente universitario que no se puede negar el impacto social de esta paralización «Miles de trabajadores y sus familias enfrentan un futuro incierto», puntualizó, «mientras que la economía local se ve amenazada por la pérdida de uno de sus motores productivos. Sin embargo, más allá de las consecuencias económicas inmediatas, esta crisis revela la fragilidad de nuestras bases industriales frente a la competencia desleal de mercados externos, que a menudo se benefician de políticas estatales de apoyo que distorsionan la libre competencia».
A su juicio, el Gobierno, en su rol de garante del bienestar económico y social, debe tomar medidas proactivas para no sólo salvaguardar los empleos en riesgo, sino también para establecer un marco de competencia justo que permita a las empresas chilenas competir en igualdad de condiciones en el mercado global. «Esto incluye la implementación de aranceles compensatorios a importaciones que se benefician de subsidios estatales extranjeros, la promoción de la industria nacional mediante políticas de compra pública y el fortalecimiento de las medidas de protección social para los trabajadores afectados por reestructuraciones industriales», remarcó Cifuentes Rivera.
La situación de Huachipato no debe verse como un caso aislado -expresó- sino como un síntoma de una problemática más amplia, que requiere «una respuesta estratégica y estructurada. Es imperativo que el Gobierno adopte un enfoque más activo en la protección de nuestra industria, que contemple tanto medidas de corto plazo para la crisis actual como estrategias de largo plazo para la reindustrialización y el desarrollo tecnológico».
«En un mundo globalizado, la competencia es inevitable y necesaria, pero debe ser justa. La pasividad ante la desprotección de nuestra industria no solo compromete el presente económico de nuestro país, sino también el futuro de nuestra soberanía productiva y desarrollo sostenible. El gobierno tiene la responsabilidad y el deber de actuar ahora para revertir esta tendencia y asegurar un futuro promisorio para la industria chilena», concluyó.
