Las tomas en el territorio nacional suman ya cerca de 1.500: Ministro de la Vivienda dice que las soluciones «no son mágicas»

En medio del debate sobre los hechos delictuales que han acontecido en diversas tomas ubicadas en la Región Metropolitana, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, cifró este jueves 14 su cantidad en 1.472 a nivel nacional. Asimismo, anunció que, pese a estar buscando soluciones, éstas «no son mágicas», en referencia al caso de la llamada Toma Dignidad. Montes ahondó en la situación de los campamentos ubicados hoy en las comunas capitalinas de Cerrillos y Maipú. Respecto a Cerrillos, sostuvo que el terreno se constituyó «en el 2022, o sea, se realizó en el Gobierno anterior»(…), y que «hubo distintos intentos de hacer algunas cosas en el lugar».

Pero dichos intentos «finalmente no se hicieron, porque los dueños de esos terrenos, que son Copec y grandes empresas, no estuvieron en el momento dispuestos a hacer las acciones legales correspondientes», agregó. Y en cuanto a las tomas en Maipú, la autoridad afirmó que «tenemos varias tomas por un proyecto, que es Primo de Rivera, que hay tres campamentos», y que las negociaciones avanzan. Frente al operativo que la Municipalidad de La Florida llevó a cabo durante esta jornada para desalojar la «Toma Dignidad» -donde el alcalde Rodolfo Carter fue atacado por los residentes-, el ministro señaló que «nosotros, desde un comienzo, planteamos que ellos deberían salir a un campamento de tránsito».

«Los vecinos, que son en general extranjeros, plantearon que ellos querían salir, siempre y cuando tuvieran asegurado que después iban a tener casa en determinado tiempo. (Pero) eso no se les pudo asegurar», aclaró, según La Tercera. «El alcalde (Carter) ofreció un lugar para ubicarlos. Nosotros estamos esperando ese lugar y saber dónde es, porque va a ayudar, pero el paso posterior lo tenemos que construir buscando alternativas», añadió Montes.

La Toma Dignidad, asentamiento que abarca las comunas de La Florida y Peñalolén -por estar emplazada en la quebrada de Macul- y que alberga 750 familias aproximadamente, se formó luego del famoso estallido social en 2019, y busca ser desalojada debido a que «se encontrarían habitadas en zona de riesgo de acuerdo al Plan Regulador Metropolitano de Santiago y Regulador Comunal de La Florida», según el decreto municipal. Debido a ello, el alcalde Rodolfo Carter envió el pasado 6 de marzo un oficio al Minvu, donde exigió soluciones habitacionales para los residentes del terreno. Este jueves, en tanto, el municipio informó de la aplicación de la ordenanza para concretar el desalojo.