El Estado de Chile invertirá más de 3.000 millones de pesos anuales en el bloqueo de la telefonía celular en el sector de Pedro Montt, como medida para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. El plan piloto, que comenzará en marzo de 2024, se extenderá gradualmente a otros 14 establecimientos penitenciarios prioritarios. El desafío es alto para un presupuesto de Gendarmería que alcanza a los $ 600.000 millones de pesos al año.
Cifras clave:
- Inversión anual: Más de 3.000 millones de pesos en el sector de Pedro Montt.
- Población penal beneficiada: 10.000 personas en el sector de Pedro Montt, lo que representa alrededor del 20% del total nacional.
- Presupuesto Anual de Gendarmería: 600.000 millones de pesos, equivalente a un tercio del presupuesto de Gendarmería.
- Establecimientos penitenciarios prioritarios: 15 en total, incluyendo el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, Centro de Detención Preventiva Santiago I y el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad.
- Población penal total: 50.000 personas a nivel nacional.
Objetivos:
- Reducir el tráfico de drogas y armas al interior de las cárceles.
- Limitar la comunicación de los reclusos con bandas criminales en el exterior.
- Brindar mayor seguridad a los funcionarios y a la población penal.
Desafíos:
- Alto costo: La inversión total supera las capacidades presupuestarias de Gendarmería, lo que requerirá de una reasignación de recursos o la búsqueda de financiamiento externo.
- Impacto en la población penal: El bloqueo total de las comunicaciones podría afectar negativamente la salud mental y el contacto familiar de los reclusos.
- Posibles soluciones alternativas: Se han planteado alternativas como el uso de teléfonos públicos controlados o la implementación de sistemas de inhibición selectiva que no afecten a las comunidades aledañas.
- Necesidades Flagrantes. La proliferación del delito en Chile, se debe en parte a que los autores de ilícitos cuentan con conexión de telefonía celular en los penales. Desde allí, en un alto porcentaje, se articulan la comisión de hechos delictuales, impactando en la percepción de inseguridad en la ciudadanía.
El éxito del proyecto dependerá de una planificación cuidadosa, una evaluación constante de sus resultados y la búsqueda de soluciones que equilibren la seguridad con los derechos de la población penal.
