La reciente operación contra el tráfico de personas en Uruguay ha dejado al descubierto una red de explotación laboral y trata de personas que involucra a seis personas, entre ellas, la abogada Sonia María Mora Pintos, quien se desempeña como jefa de la Sección Notarial del Departamento Jurídico-Notarial del Ministerio de Defensa del Gobierno uruguayo.
El Protocolo de Palermo (Art.3, inciso a), define la trata de personas como: «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos».
Los cargos contra los acusados se centran en su presunta participación en actividades ilícitas en una cantera de piedras preciosas situada en la zona de Catalán, a 60 kilómetros de la ciudad de Artigas, según lo informado por el periódico Crónicas del Este. La Fiscalía del segundo turno en Artigas, liderada por Sabrina Massaferro, ha formulado acusaciones por explotación laboral y trata de personas, tras identificar a más de 30 ciudadanos venezolanos como víctimas de estas prácticas.
Los sospechosos, al parecer, reclutaban a trabajadores venezolanos a través de una aplicación de mensajería, prometiéndoles un salario mensual de 2.500 dólares por jornadas laborales de ocho horas diarias. Sin embargo, los empleados se encontraron con jornadas de trabajo de 12 horas y un pago insuficiente de apenas 200 dólares por quincena, tras descontar los gastos de alojamiento, alimentación y acceso a Internet.
Aunque el juez no ordenó la detención preventiva de los acusados, sí impuso una serie de medidas cautelares, incluyendo la prohibición de abandonar el país, el arresto domiciliario nocturno, y el uso de dispositivos de monitoreo electrónico. Además, se les prohibió el contacto con las víctimas y se les retuvieron sus documentos de viaje.
El ministro de Defensa, Javier García, ha señalado que Sonia María Mora Pintos es una empleada con una extensa trayectoria de más de 30 años en el Ministerio, y que no ocupaba un cargo de confianza personal. No obstante, la oposición uruguaya ha difundido una resolución ministerial del 2023 que la designa como «jefa interina de la Sección Notarial»
Resumen
Tema: Red de explotación laboral y trata de personas en Uruguay
Introducción:
- Operación contra el tráfico de personas en Uruguay.
- Red de explotación laboral y trata de personas.
- Involucra a seis personas, incluyendo una funcionaria del Ministerio de Defensa.
Detalles:
- Explotación laboral en una cantera de piedras preciosas.
- Más de 30 ciudadanos venezolanos como víctimas.
- Reclutamiento a través de una aplicación de mensajería.
- Promesa de salario mensual de 2.500 dólares.
- Condiciones precarias: jornadas de 12 horas y pago de 200 dólares por quincena.
Medidas cautelares:
- Prohibición de abandonar el país.
- Arresto domiciliario nocturno.
- Monitoreo electrónico.
- Prohibición de contacto con las víctimas.
- Retención de documentos de viaje.
Situación de la funcionaria:
- Sonia María Mora Pintos, jefa de la Sección Notarial del Ministerio de Defensa.
- Más de 30 años de trayectoria en el Ministerio.
- No ocupaba un cargo de confianza personal.
- Resolución ministerial del 2023 la designa como «jefa interina de la Sección Notarial».
Reacciones:
- Oposición uruguaya critica la participación de la funcionaria.
- Ministro de Defensa la defiende y destaca su trayectoria.
Conclusión:
- Caso revela una red de explotación laboral y trata de personas.
- Funcionaria pública involucrada en el caso.
- Se esperan más investigaciones y medidas judiciales.
