La Fiscalía Nacional emitió un comunicado este viernes 16 de febrero, en el que señaló que se sumará al recurso de apelación presentado por Gendarmería de Chile, por la decisión del cuestionado juez Daniel Urrutia, de permitir a cuatro presos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) comunicarse con terceras personas no autorizadas mediante videollamadas. Urrutia dictó la resolución el día lunes 22 de enero último.
De acuerdo con el coronel Luis González Báez, subdirector operativo de Gendarmería, la misiva conteniendo el escrito de su institución y presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se envió el día 24 de enero. En concreto, consiste en un informe en el que «se exponen las causales que justifican retractar la medida». En este contexto, al mencionado requerimiento resolvió también unirse el Ministerio Público, en cuyo comunicado especificó que el ente persecutor «ha estado en constante coordinación con Gendarmería de Chile, revisando tanto la apelación como el recurso de hecho, y esperando en definitiva la oportunidad pertinente para hacernos parte de la misma».
Por su parte, el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, confirmó igualmente el anuncio, y sostuvo que evalúan «también hacernos parte una vez que la Corte resuelva el recurso. No tenemos conocimiento de otra petición similar». Ante la resolución de la justicia, el fiscal adelantó que «por lo general, cuando se hacen estas peticiones, son rechazadas por los jueces de garantía, dado el perfil criminológico que tienen los imputados, sobre todo en este tipo de delitos -porque estamos hablando de crimen organizado (Tren de Aragua)-, los cuales son delitos complejos».
El día 3 de junio de 2023, el diario La Cuarta publicó lo siguiente: «En marzo de 2020, el juez Daniel Urrutia cambió de ‘oficio’ la medida cautelar de prisión preventiva, que recaía sobre 13 imputados de la denominada ‘primera línea’, en el marco del estallido social. Sin embargo, esta decisión fue revertida en cuestión de horas, luego que los ministros de la Corte de Apelaciones se reunieran y decidieran que el magistrado había actuado fuera de la ley al atribuirse dicha causa. De paso, suspendiendo a Urrutia, juez conocido por su apoyo a las manifestaciones sociales».
