Medida Busca Corregir Falencias en el Proceso de Concesión
En una decisión dirigida a corregir deficiencias en el sistema de entrega de pensiones de gracia de Chile, la Ministra Carolina Tohá anunció este martes la revocación de 27 de estas pensiones, con 21 de ellas otorgadas durante la actual administración del Presidente Gabriel Boric. La medida surge debido a la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Gobierno para mantener este beneficio.
Tohá enfatizó que esta acción no solo se enfoca en las 27 pensiones en cuestión, sino que señala una necesidad más amplia de regulación en el proceso de concesión de pensiones de gracia en el país. «Claramente, el proceso de pensiones de gracia en Chile no tenía una regulación adecuada, no solo en relación con estas 27 pensiones, sino con todas las pensiones de gracia», expresó la Ministra.
Se estima que hay alrededor de 18 mil pensiones de gracia en Chile, otorgadas a lo largo del tiempo sin considerar los antecedentes penales de los beneficiarios. En este sentido, Tohá subrayó que el historial penal no debería ser el único factor determinante para la elegibilidad de una persona para recibir este tipo de beneficio. «Tener antecedentes penales no te excluye automáticamente de tener un beneficio de este tipo», afirmó la Ministra.
Para ilustrar su punto, Tohá planteó un escenario en el que una persona, después de cumplir una condena por un delito, sufre un daño significativo, como la pérdida de un ojo en una manifestación. En tales casos, argumentó, el individuo tiene derecho a ser compensado por el Estado, independientemente de su historial penal.
La jefe de gabinete, del gobierno de Boric, explicó que las pensiones se mantendrán en aquellos casos en los que el daño sufrido sea de gran magnitud. Sin embargo, en situaciones donde el daño no sea tan grave y exista un historial de antecedentes penales, se considerará que la persona no califica para recibir la pensión de gracia.
Respecto a las personas afectadas por la revocación o que no califiquen para el beneficio, Tohá señaló que aún podrían buscar indemnización a través de los tribunales. Sin embargo, en estos 27 casos en particular, el Presidente ha decidido dejar sin efecto las pensiones de gracia.
La Secretaria de Estado, también abordó el papel del Congreso en la entrega de pensiones de gracia, lamentando un procedimiento mal resuelto y la falta de acuerdo parlamentario. Explicó que en el primer año después del estallido social, no se entregó ninguna pensión de gracia debido a la ausencia de un mecanismo consensuado. Posteriormente, se aprobaron dos normas diferentes, generando confusión en su aplicación.
Tohá concluyó anunciando que se corregirán estas deficiencias en el proceso de concesión de pensiones de gracia, asegurando que en el futuro se considerarán los antecedentes penales de los solicitantes. Además, afirmó que el Gobierno ha concluido con las pensiones relacionadas al estallido social y se procederá a revisar todas las demás.
