Las multas por sustracción de agua han aumentado 10 veces en la Región del Biobío

Las sanciones, por este ilícito, pueden sobrepasar los $425 millones.

La Dirección General de Aguas (DGA) de la región del Biobío ha experimentado un aumento exponencial en el resultado de la fiscalización en materia de la obtención del recurso agua, lo que se traduce en un mayor control del uso del recurso en un escenario de crisis hídrica.

Estadísticas

Expedientes de fiscalización: 153 en 2023 vs. 86 en 2022 (aumento del 178%).
Multas cursadas: Aumento del 243%.
Monto total de las multas: 6.587 UTM en 2023 vs. 692 UTM en 2022 (aumento del 952%).
Las razones del aumento:

Reformas al Código de Aguas: han permitido a la DGA mejorar la eficiencia de los procedimientos de fiscalización.
Mayor énfasis en la labor de policía y vigilancia: por parte de la DGA en el territorio regional.
Expertos opinan:

Dr. José Luis Arumí:
La administración del agua debe ser perfeccionada, incluyendo derechos de agua para usos no tradicionales (ecosistemas, turismo).
Es crucial controlar las extracciones ilegales para proteger a los usuarios y los ecosistemas.
José Miguel Stegmeier, presidente de Socabío en Los Ángeles:
Las organizaciones de usuarios de agua en el Biobío manejan el recurso eficientemente.
La legislación actual es drástica con los infractores de las normas de uso del agua.
Conclusión:

La DGA del Biobío está mejorando la gestión del agua en un contexto desafiante. El aumento en la fiscalización y las multas es una señal del compromiso con la protección del recurso hídrico. La colaboración entre los distintos actores, incluyendo el sector privado y la sociedad civil, será fundamental para enfrentar la crisis hídrica de manera efectiva.

Preguntas para la reflexión:

¿Qué otras medidas se pueden tomar para mejorar la eficiencia en la gestión del agua?
¿Cómo podemos asegurar un uso equitativo y sostenible del agua en el contexto actual?
¿Qué rol puede jugar la comunidad en la protección del agua?
La eficiencia en la gestión del agua no solo se refiere a la fiscalización y las multas, sino también a la promoción de prácticas sustentables de uso del agua en todos los sectores.