La Asociación de Funcionarios (Afun) Biobío, que representa a los cerca de mil trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región del Biobío, inició este miércoles una movilización indefinida en las seis regiones donde tiene jurisdicción: desde Ñuble a Aysén.
La decisión fue adoptada por la asamblea general del gremio, luego de analizar la respuesta evacuada por la presidenta del Honorable Consejo Directivo de la CAJ Biobío, María Angélica Vega, mediante Ord. N° 31 de 17 de enero de 2024.
En el documento, la autoridad responde a los planteamientos realizados por Afun Biobío en una mesa tripartita realizada el 9 de enero pasado, en la que se abordaron las principales problemáticas que enfrenta la institución.
Sin embargo, el gremio consideró que la respuesta no cumple con los estándares mínimos requeridos, ya que no señala plazos ni responsables para un itinerario que permita hacerse cargo con seriedad de las inconsistencias relevadas.
En particular, la Afun Biobío criticó que la autoridad no asume como propia responsabilidad alguna en cuanto a las distintas materias que acota, adjudicándola, en temas de gestión, en su totalidad al equipo directivo de la CAJ Biobío.
Además, el gremio cuestionó que la autoridad no haya resuelto la prórroga del contrato del jefe de gabinete de la seremi de justicia y derechos humanos, Gonzalo Soto Godoy, contratado con recursos de la CAJ Biobío, una medida que ha sido completamente reprobada por la Contraloría General de la República.
“La gravedad de los hechos no deja a los trabajadores más alternativa que asumir los costos de una movilización que nadie ha buscado ni querido, lo que desde ya lamentamos”, señaló el gremio en un comunicado.
Afun Biobío exhortó a las autoridades de gobierno, tanto regionales como nacionales, a involucrarse en estas materias y poner pronto remedio a lo denunciado.
El gremio advirtió que no cejara en las tratativas tendientes a obtener reparación de las conductas acusadas.
La movilización de Afun Biobío es un nuevo episodio en el conflicto que enfrenta al gremio con la Seremi de justicia y Derechos Humanos del Biobío, Claudia Soto.
El gremio ha denunciado diversas irregularidades en la gestión de la CAJ Biobío, entre ellas, la falta de transparencia, la precariedad laboral, la discriminación y particularmente la discriminación de género, acosos laboral, persecución, favores políticos, sumarios fantasmas, faltas de respeto a la carrera funcionaria, mal clima laboral, amenazas y el incumplimiento de los compromisos adquiridos con los trabajadores.
