* La Comisión de Constitución de la Cámara Baja conoció la propuesta que pretende limitar el acceso a la libertad provisional establecida en el Código Procesal Penal, para cualquier imputado por este tipo de delitos. El organismo inició el debate de una nueva modificación al Código Procesal Penal. La propuesta, originada en una moción impulsada por la diputada Marcela Riquelme, restringe el otorgamiento de beneficios carcelarios/judiciales a agresores sexuales de niños y adolescentes.
La norma tiene como propósito visualizar una problemática grave que aqueja constantemente a las víctimas de estos delitos. Se trata del hecho que imputados y condenados pueden acceder a beneficios durante la tramitación del juicio, sin considerar la gravedad del delito cometido. En tal plano, se busca limitar las acciones tendentes a quienes creen que pueden obtener un beneficio carcelario, sin importar la vulneración de derechos cometidos a las víctimas. Ello genera en la sociedad una horrible percepción de impunidad, según se plantea en el texto.
Atendiendo el punto, la iniciativa contempla establecer la imposibilidad de que los delitos sexuales contra niños y adolescentes tengan beneficios. Así, se propone negarles de forma absoluta a los victimarios, la posibilidad de acceder a la libertad provisoria, al arresto domiciliario o rendir caución. La diputada planteó que la libertad del imputado siempre constituye un peligro para el ofendido. Por ello, se aspira a limitar la libertad provisional y la caución para reemplazar la prisión preventiva.
En el debate, el diputado Luis Sánchez se refirió a la revictimización a la que se ven afectadas las personas, sobre todo en regiones, generando un daño a la salud mental. Por su parte, la parlamentaria Camila Flores dijo que a los niños hay que protegerlos con toda la fuerza de la ley. Además, observó que estos agresores sexuales tienen una tasa de rehabilitación prácticamente nula.
