En la Región del Biobío, ante un mismo ilícito, dos tribunales fallan en forma completamente contrapuesta
Los hechos se desataron en Santa Fe, zona rural de Los Ángeles, camino a Angol. Allí el supuesto autor del ilícito fue imputado por el Ministerio Público como autor del delito frustrado de homicidio simple.
La Corte de Apelaciones de Concepción revocó este miércoles la resolución del tribunal de primera instancia, el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, el que había dejado en libertad al imputado por intento de homicidio.
El tribunal de alzada consideró que la libertad de Julio Rolando Torres Jara, empresario y propietario de un molino en Santa Fe, constituye efectivamente un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima.
El hecho ocurrió en la capital de la provincia de Biobío. Torres Jara habría intentado ultimar, mediante el uso de un arma de fuego a Exequiel Espinoza, empleado del molino. El padre de la víctima, aseguró que «a mi hijo le disparó en tres ocasiones y lo acusa de un robo que no existe».
Mientras que el empresario, quien posee -en el sistema judicial. cinco condenas a su haber, sostuvo que «disparé para defenderme porque querían matarme».
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, integrada por los ministros Fabio Jordán Díaz, Claudia Vilches Toro y el abogado (i) Marcelo Matus Fuentes, acogió el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.
En su resolución, el tribunal señaló que «la gravedad de la pena asignada al ilícito, el bien jurídico protegido, el hecho de registrar el imputado cinco condenas anteriores, permiten concluir que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y del ofendido».
Por lo tanto, la Corte de Apelaciones ordenó la prisión preventiva de Torres Jara.
Análisis
No se entiende que -para un mismo hecho- dos tribunales dispongan de criterios muy distintos y completamente contrapuestos. En efecto, el juzgado original, en la capital de la provincia de Biobío determinó que una persona, con cinco condenas anteriores, utilizara un arma de fuego para amenazar la vida de uno de sus empleados, sin privar de la libertad, al autor de los hechos. Criterio muy distinto y que colisiona con el tribunal de garantía, fue lo obrado por la Corte de Concepción, tribunal superior al de Los Ángeles. La segunda instancia, no sólo falló en forma absolutamente contraria, sino que consideró al agresor como un riesgo para la seguridad de la sociedad y para la seguridad de la víctima.
