El ministro Ricardo Blanco Herrera se convirtió en el septuagésimo primer presidente de la Corte Suprema, cargo en el que permanecerá por el bienio 2024-2025 y en el que sucede al ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar. El ministro Blanco Herrera, presidente de la Cuarta Sala del máximo tribunal, llegó a la Corte Suprema en junio de 2013 y asumió hoy el cargo en una ceremonia en la que participaron diversas autoridades ligadas al sector justicia tales como el presidente del senado, Juan Antonio Coloma; el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Ricardo Cifuentes; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; la presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez; la Contralora (s) General de la República, Dorothy Pérez; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano; entre otros.
El presidente Blanco reiteró sus agradecimientos al Pleno de la Corte Suprema que de manera unánime lo escogió para encabezar el máximo tribunal: “El voto de confianza depositado en mi persona por el Tribunal Pleno me impulsa con intensidad para cumplir con éxito este desafío profesional, pues siento que es eco de un consenso firme e integral, que a la vez me brinda un respaldo para los retos futuros que se emprenderán”, dijo el ministro Blanco. Agregó: “Por su decidido apoyo debo francamente agradecer al ministro don Juan Eduardo Fuentes Belmar, quien culmina su brillante presidencia, que, estuvo marcada por los desafíos propios del fin de la pandemia y por las variadas contingencias producidas en el contexto de los cambios sociales y políticos tan intensos de los últimos años. Sin duda alguna, mi propósito es continuar con los proyectos y tareas que hayan quedado sin concluir por haber llegado el término de su mandato. Le estoy muy agradecido por la dedicación en el traspaso de la información y antecedentes que me ha proporcionado, tanto para cumplir ese fin como para impulsar nuevos planes en el período que a partir de hoy se inicia”.
Sobre la misión de la Corte Suprema, el nuevo presidente Blanco destacó: “Al ejercer el cargo de ministro de la Corte Suprema, pude confirmar de primera fuente, que constituye uno de los deberes más importantes que se pueden tener con el país. El quehacer de este máximo tribunal de la nación es de una enorme trascendencia, pues no solo se resuelven las disputas jurídicas que llegan a su conocimiento, si no que tal próvida labor se efectúa con tres características que son esenciales. En primer término, su misión radica en poner fin a esos conflictos de manera definitiva, pues se halla en la cúspide de nuestra estructura jurisdiccional interna, otorgando esa certeza jurídica que cualquier Estado que se precie de derecho exige. En segundo lugar, aun cuando nuestro sistema no siga la línea de la fuerza obligatoria del precedente propia del common law, es indudable que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha de ser una guía que con la autoridad sustantiva que tengan sus decisiones, inspire otras determinaciones».
Añadió que a su juicio «las dos características que se han destacado conminan inevitablemente a todo tribunal supremo a su apego más estricto al ordenamiento jurídico reinante, pues en la medida que las diversas expresiones normativas que nacen de la Constitución, de las leyes y de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos formalmente asumidos, sean el sustento de las decisiones de los jueces, se cumple con creces la razón de la jurisdicción y satisface el contenido primordial de un Estado democrático y al mismo tiempo se concreta la protección del justiciable”. Además, delineó los desafíos que desarrollará en su gestión en los próximos dos años y que se centrarán en la implementación del Plan Estratégico de Gestión 2021-2025 y el mejoramiento del sistema judicial.
“Por otra parte, debo poner énfasis en que los ejes de mi gestión estarán apegados al Plan Estratégico del Poder Judicial, y en coherencia con el ascenso progresivo que propone el diseño orgánico de nuestra judicatura, y en concordancia con el accionar comprometido de los distintos estamentos judiciales. Estos dos años que hoy comienzan estarán marcados por la gestión y el desarrollo de proyectos que, aunque ambiciosos, tendrán siempre presente el apego al ordenamiento jurídico imperante”. Añadió enseguida: “Desde luego, nada impide soñar con las mejoras que como institución podamos impulsar con foco en el acceso a la justicia; por el contrario, nos hemos dado una hoja de ruta que permite esos propósitos. La planificación estratégica actual cuenta con abundantes elementos que ponen en equilibrio tanto los deberes y funciones que por mandato legal corresponde al Poder Judicial poner en práctica, como los fines a que podemos volcarnos, con sentido de cambio y progreso para nuestra organización. Restan dos años para la ejecución de este plan, y en ello pondremos nuestras energías para llevar adelante una agenda marcada por la modernización de este Poder del Estado”.
Juan Eduardo Fuentes Belmar
En tanto, el presidente saliente Juan Eduardo Fuentes Belmar repasó los dos años de su gestión en la testera del máximo tribunal, que aseguró estuvieron marcados por el retorno a la presencialidad luego de la pandemia de Covid 19; la implementación de nuevas leyes como el Registro de Deudores de Alimentos, la Ley de Monitoreo Telemático; y los dos procesos constitucionales abiertos. “A propósito de esto último, quisiera también mencionar un aspecto que durante la presidencia me he encargado persistentemente de recordar en numerosas oportunidades. Me refiero a la necesidad de tener plena conciencia de los principios y valores esenciales de la jurisdicción, que deben ser tenidos permanentemente presentes tanto al impartir justicia como al momento de hacer diagnósticos sobre la función judicial y, por supuesto, en la oportunidad en que se impulsen cambios en la orgánica y funcionamiento del sistema de justicia”, sostuvo el ministro Fuentes Belmar.
En ese sentido ahondó: “De este modo, la imparcialidad, la autonomía, la independencia, la inamovilidad, la legalidad o sujeción a la ley, la igualdad ante la ley, la exclusividad y la inexcusabilidad, entre otros principios, configuran ejes centrales de la función jurisdiccional, y que de ser trastocados o desconocidos terminarían desnaturalizándola, transformándola en un acto de adjudicación que no es propio de la justicia, atentando contra el fin último de fortalecimiento del estado de derecho y perjudicando al justiciable. Entre estos principios, el angular a partir del cual nacen los otros que bien pueden ser considerados expresión de aquél, es el de independencia judicial, valor que constituye, más que una garantía para el propio juez o jueza, una seguridad para las personas de contar con un juzgador imparcial, objetivo y protector de sus derechos frente a cualquier otra persona o autoridad”, manifestó.
