El Instituto Nacional, colegio emblemático por excelencia y referente de Chile en Educación Pública, cayó 258 puestos en el listado nacional de rendimientos, según la prueba PAES; en efecto, en el año 2005 estaba en el lugar 9, hoy 2024 en el lugar 267. Caída similar tuvieron el Internado Barros Arana, el Liceo de Aplicación y el Liceo Javiera Carrera, cayendo a los puestos 883, 904 y 544 respectivamente.
Para una comprensión global del desastre de la educación pública, y como factores que justifican mis opiniones posteriores, algunos datos claves: la diferencia en puntajes promedios entre la educación de dependencia municipal y la particular pagada es de 189,6 puntos a favor de la particular pagada ( 563,4 la municipal, 753 la particular pagada, según datos de El Mercurio). La diferencia en puntajes promedio entre la educación de dependencia particular subvencionada ( financiada por el Estado) y la particular pagada es de 156,7 puntos a favor de la particular pagada ( 596,3 la particular subvencionada, 753 la particular pagada ),
– La diferencia entre puntajes promedio entre la educación municipal y la particular subvencionada es de 32,9 puntos a favor de la particular subvencionada.
– La matrícula de educación básica y media del país comprende 3.631.025 alumnos: 30.6 % de dependencia municipal, 1.112.784.
– 54.0 % de dependencia particular subvencionada, 1.961.574.
– 9,3 % de dependencia particular pagada , 338.213.
– 6.1 % de otras dependencias, 218.454 alumnos ( Servicios Locales de Educación y Corporaciones de Administración Delegada), según información del Ministerio de Educación.
Lo que da cuenta del disparo al corazón de la Educación Pública es el listado de los 100 mejores colegios de Chile en la PAES, 2024 ( Prueba de acceso a la educación superior). En el Ranking: 97 colegios son de dependencia particular pagada, dos municipales ( Liceo Augusto D Halmar de Ñuñoa y Liceo Bicentenario de Temuco) y uno particular subvencionado (Liceo San Pedro de Poveda ,de Maipú).
¿Por qué razón este desastre?
Me atrevo a sugerir que muchas de las decisiones en educación, que se han profundizado en el actual Gobierno y que ya venían de algunos anteriores, estaban permeabilizadas por un profundo sesgo ideológico; en efecto la Ley de Inclusión, inspirada en una visión anti neoliberalismo, era opuesta a la idea del mérito, la competencia y el valor del esfuerzo personal, como medio de superación y ascenso social. La Ley de inclusión de 2015, rezaba acabar con la discriminación económica para permitir que cada alumno tuviera acceso a educación de calidad independiente de su origen; así, se terminó la selección en las escuelas y en los colegios emblemáticos con financiamiento estatal. El mérito y el esfuerzo personal validado social e históricamente se acabó, como efecto de una ley ideológica, supuestamente progresista.
Por otra parte, las tomas de colegios, la pérdida del respeto a la autoridad, a los profesores, a los directivos y la incorporación de la violencia, transformaron muchos colegios, como señala el académico Joaquín Brunner, en establecimientos anómicos (sin orden ni normas) «que dio lugar a que se instalara un cultivo de la violencia». A lo anterior, ya una desgracia, se suma la particular saña con la que muchas autoridades municipales, erosionaron la autoridad de los directivos de los colegios, lesionando con ello liderazgos morales, éticos o visionarios que buscaban sacar adelante sus colegios. Muchos alcaldes, permitieron las tomas, incluso a veces parecía que las facilitaban, con lo cual algunos colegios se volvieron focos de violencia habitual, de lo que ha sido testigo en diversas oportunidades la ciudadanía.
La esquizofrenia por el antiliberalismo ha llevado a que hace dos años no se reconozca a los mejores puntajes nacionales; en su reemplazo se distingue a las Trayectorias Educativas, que busca destacar alumnos según su pertenencia a diferentes categorías sociales, dejando fuera a estudiantes que pueden haber logrado puntajes máximos, y que por supuesto merecen ellos y sus padres el mayor reconocimiento social. Es preciso recordar que la Educación es uno de los factores insustituibles para el desarrollo y progreso del país. Sin una base de conocimientos se dificulta nuestra capacidad de entendimiento social. Sin una base de conocimiento no podemos sostener la incorporación tecnológica y científica de nuestro país al mundo desarrollado.
La Educación facilita la unidad de la nación y la cohesión social; cuando se atenta contra la educación, se destruyen las bases de la integración social y se facilita, o posibilita, el conflicto interno entre los diferentes grupos sociales, porque los más desprotegidos reaccionan violentamente contra los que suponen responsables. Aquellos estudiantes que provienen de los 100 mejores colegios, evidentemente podrán escoger las mejores universidades y las carreras que deseen; obviamente, una minoría. No podemos dejar que lo de este año siga sucediendo, no es bueno para Chile, debemos corregirlo. Lo primero, cambiar las autoridades de educación; cambiar las políticas que nos han llevado a este desastre y modificar la Ley de Inclusión. Por supuesto, colocar como primera prioridad nacional la educación, destinando para ello los recursos necesarios y las mentes más esclarecidas, para encauzar un gran debate nacional sobre la educación que se requiere y las políticas que deben llevarse a cabo.
* Patricio Lynch, Académico, Master of Science de la Universidad de Oregon
