La Contraloría General de la República ofició a 6 ministros y los citó a declarar, entre ellos la titular de Interior, Carolina Tohá. También fueron citados los titulares de las carteras de Agricultura, Esteban Valenzuela; Economía, Nicolás Grau; Medio Ambiente, Maisa Rojas; Trabajo, Jeannette Jara, y Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren. Ello obedece a las reuniones que mantuvieron en el departamento del ex alcalde de La Florida y Santiago, hoy reconvertido en lobista, Pablo Zalaquett.
El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, también reconoció haber participado de una reunión en dicho domicilio, pero en calidad de senador. Por ese motivo, Contraloría no le remitió el oficio. Los secretarios de Estado tienen un plazo de 10 días hábiles para responder al oficio, tras lo cual el ente evaluará los pasos a seguir. La Ley de Lobby, en vigor vigente desde 2014, obliga a registrar las reuniones y audiencias solicitadas por lobistas y gestores de intereses particulares que tengan como finalidad influir en una decisión pública; y establece que, en el caso de las autoridades de Gobierno, la Contraloría tiene la facultad para verificar el cumplimiento de la norma.
Han surgido rumores en las últimas horas de que la hoy contralora subrogante, Dorothy Pérez, también había sido parte de estas reuniones en casa de Zalaquett. La jefa fiscalizadora fue preguntada por la prensa al respecto, en su llegada a la Comisión de Cultura del Senado, pero evitó el tema y no contestó.
Comisión de Ética de la Cámara de Diputados
A estas reuniones también asistieron parlamentarios, por lo que la Comisión de Ética de la Cámara Baja abrió un expediente para indagar a los diputados involucrados, cuya participación en estos encuentros ya se conoce: los DC Alberto Undurraga y Eric Aedo; el UDI Guillermo Ramírez, el Evópoli Francisco Undurraga y el socialista Juan Santana, quien también enfrenta una complicación adicional, pues lo hizo como presidente de la Comisión de Trabajo y conversó con representantes de las AFP. El problema para él es que podría afrontar un intento de destitución por parte de la oposición.
El líder de la instancia de Ética, el también socialista Nelson Venegas, afirmó que «estamos mandatados por la ley para hacernos cargo, no sólo por ser miembros de la comisión, no sólo por el reglamento de Ética, sino porque la propia ley 20.730 (de Lobby) es aquella que nos ordena esta situación. Además, como comisión de Ética tratamos de analizarlo en profundidad y vamos a investigar este tipo de situaciones, porque consideramos que son cuestiones que, de una u otra manera, atentan contra la fe pública respecto del actuar del Congreso. Nosotros consideramos que el Congreso y la política hoy día no gozan de buena salud y, por lo tanto, tenemos que generar las condiciones para tratar de analizar este tipo de situaciones».
Los diputados arriesgan sanciones que corresponden a multas de entre 10 y 30 UTM (646 mil a 1,9 millones de pesos). En la Cámara Alta, también reconocieron haber ido a reuniones en la casa de Zalaquett; se trata de la senadora Paulina Vodanovic, quien sin embargo dijo haberlo hecho como timonel del PS cuando aún no llegaba al Senado; y el senador Rodrigo Galilea, presidente de RN, quien reprocha que se está gestando una «caza de brujas bastante insensata» a raíz de las repercusiones.
