Después que los trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío, comunicaran que van a paralizar sus labores en seis regiones, desde Ñuble a Aysén,el próximo miércoles 10 de enero en protesta producto de una serie de irregularidades en la administración de la institución, las diputadas Flor Weisse (UDI) y Joanna Pérez (Demócratas) manifestaron sus respectivas opiniones sobre el particular.
Diputada Weisse
En el caso de la parlamentaria gremialista sostuvo que ofició a través de la Cámara de Diputados al Ministro de Justicia y Derechos Humanos con el objetivo de poder conocer detalles de distintas circunstancias que se viven en la Corporación de Asistencia Judicial Región del Bio Bio, servicio encargado de Brindar atención y asesoría jurídica, social y judicial gratuita a quienes no puedan procurársela por sí mismos. La Diputada por el Distrito 21 indicó “que lo que ocurre en la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bio Bio es el reflejo del actuar del Gobierno del Presidente Boric, se advierte demora en la designación de cargos importantes como es el del Director de la Corporación de Asistencia Judicial Bio Bio, una deficiente gestión presupuestaria, debido a la falta de liderazgos y conducción de un servicio tan importante”.
Diputada Weisse La parlamentaria indicó que “la dilación de otros concursos para proveer cargos es una manifestación de la desprolijidad y ausencia de compromiso con la atención que se brinda a personas, principalmente que carecen de recursos para poder obtener una asesoría o defensa jurídica”. Agregó la parlamentaria que se evidencia “una demora y dilación considerable en la provisión de cargos, la CAJ Biobío llamó a concurso público para proveer los cargos de Director de Administración y Finanzas, Director de Gestión Estratégica y Director de RRHH. De estos sólo se ha concluido el de gestión estratégica, en junio de 2023, recayendo el nombramiento en un profesional que ocupaba el 4º lugar en la quina, pues los postulantes que le precedían ya no se encontraban disponibles, con lo que se evidencia la demora en los procesos que repercute en la selección de postulantes que disponían de una mejor calificación”La diputada por Lota y las provincias de Arauco y Biobío, señaló que «es muy importante que las autoridades entiendan que conectar con las demandas de la ciudadanía es fundamental, que se necesita oir a las personas, pero también actuar por ellas y brindar una atención jurídica oportuna y calidad, más aún cuando este Gobierno se ha apropiado de tema como la defensa de los trabajadores o la ley “Papito Corazón” que necesita de atención, orientación y representación, en muchos casos, de quiénes se desempeñan en la Corporación de Asistencia Judicial del Bio Bio.
Joanna Pérez
La Diputada Pérez, también del distrito 21, lamentó que «un servicio tan sensible como la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío, pueda paralizar. Primero porque los más afectados son las personas más vulnerables que necesitan asistencia jurídica, pero también esto demuestra que no están siendo escuchadas las demandas de los trabajadores, de los funcionarios públicos. Esto es más complejo viniendo del ministerio de justicia y derechos humanos. Aquí es un llamado al ministro, a la seremi. Yo voy a tomar contacto con los dirigentes (de los trabajadores) para ver cómo soy puente, justamente en estos requerimientos. Aquí hay un llamado a nombrar cuando corresponda a los titulares porque eso tampoco hace bien tener subrogancias permanentes porque finalmente no tienen la autoridad para generar los cambios o las improntas que tiene cada servicio y aquí esto sería tremendamente complejo para las seis regiones afectadas, pero especialmente para los usuarios de la Corporación. Así es que el llamado es resolver los temas oportunamente, con diálogo, canalizando esos requerimientos. A eso se comprometió este gobierno a hacer un gobierno dialogante», manifestó la diputada Pérez.
La movilización, convocada por la Asociación de Funcionarios (AFUN) CAJ Biobío, cuestiona directamente la gestión de la seremi de justicia y derechos humanos del Biobío, Claudia Soto, quien ejerce como presidenta del consejo de la CAJ Biobío.
Los trabajadores, liderados por el abogado laboralista Marcelo Inostroza, presidente de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia, denuncian que, a casi dos años de la llegada del actual gobierno, aún se continúa con un director general interino. Es decir, sin el nombramiento de un director titular, situación que afecta la eficiencia, transparencia y el clima laboral de la institución. Entre otras materias, también objetan que existan 140 cargos clave con subrogancias. En esta condición está el 14% del personal de la CAJ Biobío.
Además, acusan negligencia en juicios laborales, donde los abogados de la Corporación no se presentaron ante los tribunales, es decir hubo abandono de las causas y la detección de irregularidades en los nombramientos de personal técnico, falta de transparencia, junto con atentar contra la igualdad de oportunidades, ausencia de equidad de género, trato vejatorio, persecuciones laborales, improvisaciones, dilaciones inexcusables.
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