Las Pensiones, la marginación de los diputados de Chile Vamos y Republicanos, y la carrera contra el tiempo del oficialismo

* El diseño político que se atribuye a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, apunta a no ceder en la reforma previsional en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, pero ingresar indicaciones antes de votarse en la sala para que el 3% de la cotización vaya a un fondo solidario y 3% a cuentas individuales. La idea es abrochar apoyos en los llamados «partidos bisagra», como los Demócratas o el PDG, y sentarse a negociar con la derecha en el Senado, no así en la Cámara. El problema es que los diputados de Chile Vamos que estaban pensando apoyar al Ejecutivo, decidieron lo contrario, y que de perder en esa Corporación, la reforma correría la misma suerte que la tributaria: entrar al congelador por un año.

El miércoles 3 de enero, 17 días después del triunfo del En Contra en el plebiscito, el Gobierno retomó la discusión del proyecto de reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. En la sesión, el presidente de la comisión, Juan Santana (PS), determinó que el articulado comenzara a votarse de inmediato, bajo el argumento de que el Ejecutivo puso suma urgencia a la iniciativa, lo que supone una tramitación de 15 días por cada Cámara. El que el oficialismo precipitara la votación, haciendo valer su mayoría circunstancial y sin negociar un acuerdo, terminó con la abrupta salida de la sala de los 3 parlamentarios de RN que forman parte de la comisión -Frank Sauerbaum, Ximena Ossandón y Eduardo Durán- y los de la UDI, como Henry Leal y Cristián Labbé de la UDI.

La oposición manifestó a la salida que las indicaciones ingresadas por el Gobierno hacían que el proyecto original cambie completamente, además de que no se había permitido que los integrantes de la comisión pudieran justificar su voto ni que expertos participaran en las sesiones de trabajo para conocer los alcances de las indicaciones. Sin la derecha, la sesión continuó y el Gobierno logró pasar la aplanadora y aprobar por la unanimidad de los diputados presentes un total de 33 artículos del proyecto. El primero en votarse fue el que pone fin a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Si el proyecto se aprobara tal como está en el Congreso, las AFP dejarán de existir en el plazo de 2 años y se separarían las funciones entre gestión de las inversiones de los fondos de los trabajadores (a cargo de Inversores de Pensiones, privados y el Estado) y las labores de soporte operacional (a cargo de un Administrador Previsional). La propuesta del Gobierno comenzó a votarse en particular esta semana en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y luego pasa a la de Hacienda, donde el oficialismo es mayoría. Luego deberá ser vista en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Es en la sala donde el Ejecutivo correría el mismo riesgo de marzo de 2023 con la reforma tributaria: Que el proyecto sea rechazado en su idea de legislar y, por tanto, que no se pueda debatir en un año. Los tiros del Ejecutivo los ha circunscrito a los llamados «partidos bisagra» y no a Chile Vamos ni Republicanos. Ese diálogo, se señala, se dejará para el Senado, donde los gobiernos suelen finiquitar los acuerdos y flexibilizar posiciones.

Fuentes parlamentarias que han estado involucradas en las tratativas señalan que este diseño político fue impulsado por la ministra del Trabajo Jeannette Jara y que su primera traducción política fue perder el voto de varios diputados de oposición que estaban dispuestos a hacerlo. El miércoles, la DC, Demócratas, el PDG y Avancemos (ex PDG) firmaron una propuesta para impulsar indicaciones a la reforma, que apunten a un 3% a solidaridad y otro 3% a cuentas individuales de los 6 puntos extras de cotización. Esta iniciativa, dicen parlamentarios, habría sido conversada con la ministra Jara. Pero en paralelo, mientras se discutía la acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes, Jara conversó con parlamentarios oficialistas. El gobierno también ha desplegado gestiones con los diputados de la bancada Independientes PPD. Para ello la idea es entregar un 2% a solidaridad, otro 2% a cuentas individuales y el último 2% a un seguro de longevidad. Jara se habría mostrado abierta a ceder con los PPD, pero no en la comisión.

La idea del gobierno pasa por no ceder en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, pero aumentar la apuesta antes de que se vote en el hemiciclo bajo la siguiente fórmula: presentando indicaciones que apunten a otorgar un 3% de la cotización extra a un fondo de solidaridad y otro 3% a cuentas individuales (se podría sumar un 2% voluntario para un seguro de longevidad). Los riesgos. La estrategia que se atribuye a Jara generó indignación entre los diputados de la oposición. Los jefes de bancada, de hecho, enviaron una carta al presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC). “Con una pistola sobre la mesa y cubiertos de un manto de dudosa legitimidad y legalidad que entregan las urgencias, el Gobierno pretende hacer de esta Cámara de Diputados un buzón al que pueden llegar y arrojar sus indicaciones sin discusión alguna, vulnerando con ello la votación general por la que la Comisión”, dicen en el texto.

“Se han quebrado las confianzas y seguramente lograrán (aprobarlo) en la Cámara, pero difícilmente lo harán en el Senado” expresó el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez. Se trata precisamente de uno de los riesgos que advierten en el oficialismo. El primero es que simplemente no pasen con éxito la valla de la Cámara de Diputados. Hasta ahora, la oposición ha dicho que no está dispuesta a negociar un solo punto para un fondo que no sea el bolsillo de los trabajadores, una opción que es apoyada ampliamente mayoritaria en las encuestas. En algunos cálculos oficialistas apuntan a que la derrota de Chile Vamos y los Republicanos en el plebiscito del 17 de diciembre ha calado hondo en el sector, que aún no termina de ajustar cuentas y que aquello se reflejó este mismo jueves en el Cámara de Diputados, que rechazó la acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes.

Por lo demás, algunos partidos del llamado centro político que estuvieron por la opción A Favor en el plebiscito han separado aguas con la oposición tras la derrota, llevando circunstancialmente aguas al molino del gobierno. Lo que no está claro, sin embargo, es si efectivamente la administración Boric logrará obtener los votos en la Cámara (en lo posible con algunos votos de Renovación Nacional), lo que supone un altísimo riesgo para la reforma de pensiones en caso de no lograrlo. Tampoco es nítido qué harán los senadores, y si el gobierno logra mantener apoyos en el sector, dada las voces que ya se levantan en la derecha para unirse en contra de un punto común: la administración del Presidente Boric.

Entre los diputados pertenecientes a partidos oficialistas o independientes afines, hay 67 votos. Esto, si se consideran a todos los integrantes del comité independiente PPD, en el que hay parlamentarios que no se alinean con instrucciones de Gobierno (de ahí la importancia de llegar a un acuerdo con quienes integran dicha bancada). En el hipotético caso de que a ellos se les sumaran la DC (5 votos), Demócratas (7 votos) y el PDG (4 votos), el Ejecutivo lograría 83 apoyos de un total de 154 diputados (María Luisa Cordero está desaforada). La Moneda requiere mayoría simple, equivalente a 78 parlamentarios. (Alexandra Chechilnitzky y Jaime Troncoso, Ex-Ante de 4 de enero 2024)