La crisis de seguridad que existe en el país, que se ha traducido en una serie de asesinatos en los últimos días de 2023 y comienzos de 2024 en algunas comunas de la Región Metropolitana y en otras zonas del territorio nacional, ha movilizado a parlamentarios y alcaldes que están exigiendo «mano dura» del Gobierno en el combate contra la delincuencia. Incluso, han llamado a que se convoque al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), a que sea decretado el Estado de Excepción Constitucional en la capital y, ahora -este martes 2 de enero de 2024- a pedir que el Ejecutivo disponga de 1.800 millones de dólares adicionales contra el crímen organizado.
Los alcaldes de La Granja, Felipe Delpin (DC), y de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo (independiente), junto al diputado oficialista del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, llegaron hoy a la Oficina de Partes del Palacio de La Moneda, para hacer entrega de una carta al Gobierno, donde solicitan que se utilice el 2% constitucional para enfrentar la crisis de seguridad, que cada día que pasa se agrava. La misiva apunta a la facultad extraordinaria contemplada en el numeral 20 del Artículo 32 de la Constitución, que permite al Mandatario, «con la firma de todos los ministros de Estado, decretar pagos no autorizados por ley para atender necesidades impostergables, derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país».
El jefe comunal de La Granja, Felipe Delpín, expresó: «Yo creo que desde hace mucho tiempo venimos ya sobrepasados, ¿no? Si lo vemos día a día, vemos las balaceras, los fuegos artificiales. Cuando preguntan: ¿Pero por qué sucede esto? ¿Se han tomado medidas? Sí, pero en las calles no hay carabineros, no hay policías, no hay resguardo». Agregó enseguida que «La Granja, dentro de sus posibilidades, tiene 11 vehículos qué financiamos nosotros, pagamos bencina, contratamos a 30 personas. Eso suma en el año una gran cantidad de millones. Tratamos de dar respuesta, pero no basta. Aquí quien tiene que asumir es el Estado, es el Gobierno. Ellos administran, ellos dirigen el país, ellos tienen la papa caliente en las manos, ellos tienen que resolver este problema».
El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, comenzó este martes una ronda de reuniones con diferentes alcaldes, con miras a lograr, en un plazo de dos semanas, una propuesta consensuada para poder mejorar el combate contra el crimen organizado. Uno de los participantes ha sido el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), quien opinó que «no se tiene que eliminar ninguna alternativa. En la situación que estamos viviendo, claro que es necesario hacer un análisis objetivo, ver cuál de todas estas medidas puede tener más impacto. Hay que sacarse todos los prejuicios. Las personas necesitan que todas las instituciones actúen de manera mancomunada y coordinada. El que no quiera participar de esos espacios de coordinación, en realidad no le hace daño a quienes proponen estas ideas, le hace daño a la gente».