«Nos ha parecido llamativo que la dirigencia sindical (Confederación General del Trabajo, CGT) esté en contra de las reformas que proponemos para el mundo del trabajo, cuando la situación económica en Argentina es crítica», dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni.
La central sindical, de orientación peronista, no lanzaba una medida de este tipo desde el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019).
El Gobierno de Argentina reprochó este viernes 29 a la CGT, la mayor central obrera del país, el haber convocado eljueves a una huelga general como protesta contra las reformas impulsadas por el Presidente Javier Milei, «a tres semanas de su investidura». Adorni reivindicó la necesidad de modernizar la normativa laboral. Asimismo, el vocero llamó la atención sobre el hecho de que la CGT no hubiera convocado a huelga alguna durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023), cuando esa Administración dejó a los trabajadores con «malos salarios, y en buena parte en la informalidad». La organización sindical anunció una concentración frente al Congreso de la Nación el próximo 24 de enero, un día antes de la fecha en la que el Ejecutivo pretende que se vote en el Parlamento el paquete de reformas.
El organismo sindical, ideológicamente de izquierda, se movilizó el miércoles último para protestar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado la semana pasada por Milei para desregular la economía, un instrumento que entró en vigencia este viernes y que se incluye en el proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Parlamento el miércoles, con el objetivo de ser aprobado en su totalidad. El proyecto también llamó la atención por el resto de sus indicaciones, que busca declarar un estado de «emergencia pública» en la nación, atribuir facultades legislativas al Presidente, reformar la normativa electoral, privatizar más de 40 empresas estatales y cambiar el Código Penal, entre otros puntos.
De este modo, las medidas del Gobierno argentino no han escapado de polémicas y maniobras judiciales, cuya última consistió en buscar la inconstitucionalidad del DNU a solicitud del gobernador peronista de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, a la cual el portavoz Adorni respondió diciendo que la ordenanza es «legal, constitucional, y está enfocada íntegramente en la suma de libertades».
