Un grupo de 72 profesores de la educación municipal de Lota, región del Bío Bío, ha acusado al alcalde Patricio Marchant de apropiación indebida y malversación de fondos públicos por un monto de $4.162 millones.
La querella presentada ante el Tribunal de Garantía de Lota sostiene que el edil no pagó las cotizaciones previsionales de los profesores desde 2018, lo que habría generado un perjuicio patrimonial a los docentes.
Los querellantes sostienen que el municipio realizó los descuentos legales de las cotizaciones previsionales a los profesores, pero que estos dineros fueron desviados a otros fines.
Como resultado de esta situación, los profesores aseguran haber sufrido «daño patrimonial» y «problemas familiares». Además, denuncian que el alcalde Marchant nunca les ha dado una respuesta concreta a sus reclamos, y que incluso ha amenazado con despedirlos.
El concejal Alejandro Cartes lamentó que la administración municipal de Lota nuevamente esté envuelta en un escándalo de corrupción. «Es una situación grave que afecta a los profesores y a la educación pública de la comuna», dijo.
Por su parte, la jefa de personal del Departamento de Educación Municipal de Lota, Ángela Garretón, reconoció que existe una deuda previsional, pero que esta se debe a una situación de arrastre que viene desde 2018.
La querella fue declarada admisible por el Tribunal de Garantía de Lota, por lo que el Ministerio Público deberá investigar los hechos denunciados.
Un delito grave
La malversación de fondos públicos es un delito grave que puede ser castigado con penas de hasta 5 años de prisión. Para que se configure este delito, es necesario que el acusado haya utilizado fondos públicos para fines distintos a los autorizados.
En este caso, los profesores de Lota acusan al alcalde Marchant de haber utilizado los fondos destinados a sus cotizaciones previsionales para otros fines. Si la querella prospera, el edil podría ser acusado formalmente de malversación de fondos públicos.
La investigación del Ministerio Público
La investigación del Ministerio Público deberá determinar si los hechos denunciados por los profesores son constitutivos de delito. Si así lo determina, el caso podría llegar a juicio oral, donde el alcalde Marchant tendrá la oportunidad de defenderse de los cargos.
En caso de ser declarado culpable, el alcalde Marchant podría ser condenado a prisión y perder su cargo.
