Prácticamente al cierre de la campaña electoral de cara al plebiscito constitucional, resulta oportuno intentar compartir algunas reflexiones. Y hacerlo con la única pretensión de tratar de contribuir con un grano de arena a la búsqueda de algunos consensos, que hagan posible comenzar a dotar de cierta densidad mínima a nuestras instituciones democráticas. Esto, para adquirir la capacidad de ofrecer algunas respuestas a los retos y desafíos acuciantes que enfrenta Chile, pensando con sentido de urgencia y en que Chile no termina el 18 de diciembre.
Si bien pienso que la Constitución vigente es una buena Constitución, habilitante para el desarrollo, me atrevo a afirmar que el apruebo ofrece una oportunidad de cerrar el proceso para dar a Chile un periodo de estabilidad y certeza; y veo en la propuesta del Consejo Constitucional un aporte valioso, construido desde las 12 bases constitucionales acordadas ampliamente, que garantiza la estabilidad y unidad del Estado, afirma el valor de la democracia representativa, dotándola de instrumentos de participación; afirma nuestra tradición de República Democrática, profundiza la separación y autonomía de los poderes del Estado; introduce el equilibro de un Estado Social y Democrático de Derecho, responsable de asegurar un piso de derechos, con el valor del aporte de los grupos intermedios de la sociedad para asegurar una provisión mixta de bienes públicos de calidad; contribuye y habilita una mayor descentralización, consigna los principios de responsabilidad fiscal; aporta a la seguridad pública y hace al Estado aún más responsable de su aseguramiento, dotándolo de nuevas herramientas; amplia los derechos de algunas minorías, en un equilibrio con los valores de la garantía plena de igualdad jurídica y democrática; contribuye a la modernización del Estado, aportando mecanismos de control y, si bien en lo grueso no introduce grandes cambios al sistema político, sí a lo menos lo perfecciona, dotándolo de instrumentos que debieran afirmar y mejorar las condiciones de gobernabilidad democrática, además de un largo etcétera de aportes.
Sin embargo, en el ánimo de no alejarme del espíritu de la columna, resulta deplorable, triste, lamentable y desolador el nivel del debate al que nos ha correspondido asistir en esta campaña electoral, y la pobreza de la propaganda electoral. Un festival de etiquetas vacías y descalificaciones a las ideas distintas, de monsergas y simplicidad, que dan cuenta de una política en estado de descomposición, que ni siquiera parece dotada de la suficiente envergadura intelectual para hacer una simple comparación entre un texto y otro o asimilar los alcances propios de un proceso ampliamente acordado y propuesto al país por los mismos partidos en disputa. Todo esto ha reducido la política a una política de trincheras que no logra trascender más allá de la afirmación de las propias convicciones y con bastante miseria argumental.
Quiero, a través de estas líneas, apelar a la fe en que la política como la humanidad misma, atesora esa capacidad única de cantar, llena de esperanzas, en medio de la desolación. Esa política capaz de miseria como el hombre mismo, pero también de grandeza y actos heroicos, incluso en los momentos de mayor penumbra, como señala Blaise Pascal. Hoy, Chile nos reclama grandeza y heroísmo para reconstruir los cimientos éticos de una política capaz de conjugarse con el bien común.
Si bien los distintos sectores de la política pensamos legítimamente distinto -y en el último tiempo, marcado por la insurrección de octubre de 2019 y la propuesta constitucional anterior- nos cuesta construir confianzas y acuerdos ante nuevos clivajes que parecen evidenciar diferencias profundas en torno a la democracia y a valores y principios políticamente básicos, parece también evidente que sectores moderados de centro, centroizquierda y centroderecha, a fuerza de tarea deben converger en un gran acuerdo, independientemente del resultado. Ello, para la estabilidad y la certeza que hagan posible superar el dilema constitucional con un acuerdo amplio, cerrándolo en una agenda pro seguridad, para abordar los temas de una inmigración legal regulada, acorde a las capacidades del país y que combata con fuerza la inmigración ilegal, favorezca el crecimiento y la inversión. En fin, una agenda de seguridad pública fuerte para volver a poner el desarrollo en el centro de las ocupaciones de la política.
* Por Augusto Parra Ahumada
