El sector de la construcción en Chile atraviesa una profunda crisis, que ha llevado a un aumento de las solicitudes de liquidación y reorganización de empresas del rubro.
Los principales factores que han contribuido a esta situación son la inflación, la paralización de obras, las altas tasas de interés, el incremento en el costo de los materiales y la baja demanda de los clientes.
En los últimos cinco años, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento ha registrado 731 solicitudes de liquidación por parte de empresas del sector, que abarca no solo constructoras e inmobiliarias, sino también proveedores. En el mismo periodo, 37 firmas han solicitado reorganización.
En lo que va del año 2023, 134 empresas del sector han pedido su liquidación, representando un aumento del 15,5% en comparación con el mismo periodo de 2022. En contraste, solo ocho empresas han entrado en reorganización hasta la fecha, comparadas con las 11 del ciclo anterior.
Dentro de las 1.413 empresas inscritas en el Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas, nueve han declarado quiebra entre enero y noviembre de 2023, mientras que solo una ha optado por la reorganización.
Entre las empresas afectadas se encuentran nombres con una larga trayectoria, como Arauco S.A., que tras 39 años de historia, se declaró en quiebra en septiembre. Otro caso emblemático es la constructora Claro, Vicuña, Valenzuela, fundada en 1957, que en noviembre de 2022 fue liquidada por decisión judicial.
Además de los desafíos mencionados, Alfredo Echavarría, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), señaló que algunas empresas, especialmente aquellas que trabajan en obras de infraestructura pública, enfrentan demoras en los pagos por parte de las entidades estatales, complicando aún más su situación.
El Ministerio de Obras Públicas destaca que, además de los pagos retroactivos a los contratos, están trabajando en medidas para impulsar el sector, incluyendo cambios normativos para aumentar los oferentes en licitaciones y reducir los tiempos de trámite.
Mirando hacia el futuro, Echavarría espera que el número de empresas que enfrentan problemas financieros no siga creciendo y confía en una reactivación para el próximo año. Destacó la importancia de avanzar en medidas reactivadoras, incluyendo las propuestas por el gremio para mejorar el sistema de permisos sectoriales y ambientales.
Hugo Sánchez, Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, mencionó que con la nueva Ley de Insolvencia, se espera que más empresas con problemas de solvencia, especialmente las de menor tamaño, puedan seguir operando gracias a un proceso de reorganización más económico y simple.
La situación actual representa un desafío significativo para el sector, pero con las medidas adecuadas, se busca una recuperación y estabilidad en el futuro.
