El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irá definitivamente a la reelección en su país y será reemplazado por la secretaría de la Presidencia, Claudia Juana Rodríguez de Guevara. Las elecciones generales en El Salvador se celebran el próximo 4 de febrero. La licencia al popular gobernante fue aprobada con los votos de 67 diputados del bloque oficialista, que controla el Congreso, mientras 12 diputados votaron en contra.
En 2023, la Constitución continúa prohibiendo la reelección presidencial inmediata, pero con una salvedad: en septiembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia habilitó a Bukele a buscar la reelección. Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana y opositor a Bukele, explicó que “desde 1983 que se emitió esa Constitución, no nos habíamos enfrentado a esta situación porque todos estábamos en el entendido de que el presidente no se puede reelegir. Obviamente se está dando licencia para que continúe violando la Constitución. La Constitución establece que no puede ser candidato a la presidencia una persona que ha ocupado más de seis meses consecutivos el cargo».
La popularidad de Bukele
Quien reemplazará al mandatario salvadoreño es Claudia Juana Rodríguez de Guevara, cercana a Bukele, pues trabaja con él desde hace una década, cuando era alcalde. A pesar de todo lo que se diga en torno al tema, Nayib Bukele goza de una popularidad casi inalcanzable para los opositores en los próximos comicios (tiene una aprobación de la ciudadanía que supera el 90%). Ahora, Escobar se ha ilusionado con que la popularidad del joven presidente salvadoreño decaiga. “Está por verse si eso se traduce en una votación arrolladora, como ellos lo quieren hacer ver; puede haber un margen mayor para que la oposición obtenga una cuota de poder, pero ya el gobierno y el partido oficial hicieron su movimiento (…). Hicieron un par de reformas electorales que ponen cuesta arriba las posibilidades de la oposición”.
La popularidad de Bukele creció desde marzo de 2022, cuando declaró oficialmente la guerra a las temidas pandillas de criminales que mantenían control territorial y se financiaban con extorsiones y muerte. Tras aquello, el país recuperó la tranquilidad. Amparadas en un régimen de excepción constitucional y que es criticado por organismos de derechos humanos controlados en su mayoría por sectores de izquierda, las autoridades han encarcelado a unos 70.000 pandilleros, y liberado a 7.000 de aquellos a los que se comprobó luego su inocencia.
